El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha salido de las catacumbas donde se escondió tras el estallido de la crisis económica global para presentar un escenario catastrofista en España, anunciando para el próximo año una recesión que los datos reflejan que en este momento ya es superior. Obviando las recetas que llevan predicando desde siempre de flexibilidad en el despido y recortes salariales a los trabajadores y su tradicional ocultamiento de todo aquello que haga referencia al sistema financiero internacional, sorprende la recomendación de que el Gobierno español no apoye la construcción de viviendas de protección oficial, porque ello contribuiría a aumentar el inventario de casas invendidas, lo que provocaría que bajasen los precios, cuyo sostenimiento parece ser su receta contra la burbuja inmobiliaria. Afortunadamente el descrédito de este organismo es unánime y no parece que en España ni el PSOE ni el PP estén dispuestos a concederle crédito alguno. Tanto la Junta (PP) como el Estado (PSOE) han optado por el apoyo económico institucional a la vivienda protegida, precisamente para lograr el abaratamiento de precios y el acceso a la misma de los más necesitados, que habían sido excluidos del mercado precisamente por la burbuja inmobiliaria. Menos mal que el FMI no se ha metido esta vez con la inversión pública, ni con la necesidad de aumentar el déficit para no caer en la depresión, ya que es precisamente en la obra pública donde están cifradas casi todas las esperanzas para frenar el alarmante aumento del paro. En León ha sido la Cámara de Contratistas la que ha certificado que aquí aumentó la obra pública, la del Estado y la de la Junta, un 12% este año, frente a una caída en la Comunidad del 23%, algo totalmente ligado al hecho de que en León el paro contenga un poco su caída.
