La cúpula de la UPL, testigo de la aplicación de la sanción a Rubinat

Herrero Rubinat y Mateos votando en contra de la declaración del primero como concejal no adscrito. M. MARCOS

Alicia Torres San Andrés
Luis Herrero Rubinat figura desde ayer como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de San Andrés y ha sido ‘despojado’ de la portavocía de la UPL tras formalizarse su suspensión e inhabilitación de la formación durante tres años. La decisión fue aprobada ayer en Pleno con los votos a favor del equipo de Gobierno, PP, PAL-UL y UPL (a excepción de la edil Rocío Mateos).
Durante la sesión plenaria se puso de manifiesto la división en el grupo de concejales de la UPL puesto que, una vez más, Herrero Rubinat defendió su permanencia en el partido y anunció que recurrirá esta decisión. Además, aseguró que mantendrá su compromiso con el municipio y lamentó que “una cuestión de discrepancias domésticas afecte a la vida institucional del Ayuntamiento”.
Manuel Arias, muy crítico con Rubinat y Mateos, fue designado nuevo portavoz leonesista y también se aprobó la modificación de las comisiones informativas, en las que se incluye al edil no adscrito. En este aspecto, los leonesistas intentaron sacar una enmienda para que el concejal expedientado sólo estuviera en las comisiones en las que participaba hasta ahora, aunque no salió adelante.
No faltó al acto la ‘cúpula’ leonesista, entre la que destacó el presidente de la UPL, Javier Chamorro, y el secretario general, Melchor Moreno. Fueron público de excepción de lo que demandaban desde hace tiempo: que se hiciera efectiva la retirada de la portavocía a Rubinat. La alcaldesa, Mª Eugenia Gancedo, manifestó que “volvería a tomar las mismas decisiones”.
Por otro lado, el Ayuntamiento ratificó los presupuestos que superan los 34 millones y el capítulo de inversiones es de 3.755.000 euros. Gancedo subrayó que “son cuentas austeras” y avanzó que se trabaja en un plan de saneamiento.
Las inversiones incluyen la culminación del PGOU, mejora en infraestructuras y presupuestados los nuevos centros, la urbanización del entorno del cementerio y la aportación para Araú.
Toda la oposición coincidió en tildar los presupuestos de “manifiestamente ilegales”, y la portavoz del PP, Isabel Fernández, reiteró que ha caído un 48% las inversiones en infraestructuras y “consignan ingresos ficticios”.
Por último, salió adelante el II Plan de Igualdad y una moción para pedir a la Junta un fondo de inversiones similar al puesto en marcha por Zapatero.