La colaboración institucional exigible a los partidos políticos ante la grave recesión económica que padecemos parece imposible en el Ayuntamiento de León, precisamente donde más se necesita, porque entró en la actual crisis ya en quiebra y con un deuda histórica de 270 millones de euros. Es esta deuda, agravada por la caída de la recaudación actual, la que enquista el diálogo y provoca continuos enfrentamientos en los que al final el perjudicado es el contribuyente leonés, porque ni el equipo de gobierno actúa con la transparencia que debiera, ni la oposición ejerce su labor exigiéndola y consiguiéndola. Esto es básicamente lo que ha ocurrido en el último Pleno, donde se suponía que se iba a debatir un plan de refinanciación de 70 millones de esa deuda para pagar a algunos de los proveedores a los que se debe dinero desde hace años. A día de hoy ni los ciudadanos ni los medios de comunicación sabemos en qué condiciones se han refinanciado esos 7o millones, porque el equipo de gobierno se negó a explicarlo en el Pleno y, sin embargo, desde la Fele se ha denunciado que una de las claves es que las tasas e impuestos van a subir el próximo año un 4,5%, que era el IPC de octubre, cuando todos los datos apuntan a que el IPC de diciembre estará en torno al 2%. Esto es un engaño para recaudar más, exactamente lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Ponferrada, allí gobernado por el Partido Popular. La oposición del PP se equivocó de lleno al abandonar el Pleno, porque les culparan de la deuda y la calificaran de ‘pufo’. Su extrema susceptibilidad les ha impedido ejercer su trabajo de oposición y exigir donde debían la transparencia en las cuentas municipales. Si todos los concejales son incapaces de aparcar sus broncas para lograr el mínimo consenso, pronto sufrirán el rechazo ciudadano en la calle.
