La mayoría judicial del CGPJ evita la suspensión del juez Tirado

Efe Madrid
Los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han impuesto su mayoría y han confirmado la multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado hace tres meses por el anterior Consejo por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
Esta decisión ha sido criticada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien ha anunciado que el Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces para que “no vuelvan a repetirse” casos así, mientras que el padre de Mari Luz la ha calificado de “vergüenza nacional”.
Catorce de los 21 vocales que integran el Poder Judicial se han mostrado a favor de no suspender al juez de sus funciones, como pedía el fiscal, por retrasos en ordenar la ejecución de la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle.
El pleno del CGPJ considera que la conducta de Tirado constituye una falta grave y no muy grave como la calificó el fiscal y como la consideran 6 vocales que se han mostrado a favor de imponer una sanción más grave al magistrado de Sevilla.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, estos 6 vocales, además de ella misma, son José Manuel Gómez Benítez, Almudena Lastra, Félix Azón (todos ellos nombrados a propuesta del PSOE), Ramón Camp (CiU) y Margarita Uría (PNV), quienes formularán un voto particular, mientras que la vocal Concepción Espejel (PP) también lo hará al considerar, por el contrario, que el juez no cometió infracción alguna.
Así, han votado a favor de confirmar la multa, además del presidente, Carlos Dívar, 8 vocales del PP (todos menos Espejel: Gemma Gallego, Fernando de Rosa, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández y Antonio Monserrat) y 5 de los 9 nombrados a propuesta del PSOE (Margarita Robles, Miguel Carmona, Carles Cruz Moratones, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres Vela).
Por otro lado el magistrado juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, por retrasar de forma maliciosa la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
La condena aprecia el agravante de desprecio a la orientación sexual de la adoptante e incluye una indemnización de 6.000 euros y el pago de las costas, también las de la acusación particular.
El fiscal y la acusación particular habían solicitado en sus conclusiones provisionales 18 y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación, aunque en la última sesión del juicio, el pasado día 3, dejaron a criterio de la Sala el que pudiera imponer una pena inferior si apreciaba que Ferrin había cometido este delito no de forma intencionada sino por imprudencia.