El Estado de las Autonomías, una de las grandes conquistas de la Constitución de 1978, tuvo como objetivo acercar la Administración al ciudadano y reconocer la singularidad de una España diversa, con especial sensibilidad hacia las denominadas nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia. Treinta años después, el modelo se puede decir que ha funcionado, pero también ha empezado a dar síntomas de agotamiento. Las autonomías ricas quieren cada vez más, que es lo mismo que recortar el fondo de solidaridad hacia las menos desarrolladas –entre ellas Castilla y León–. El nuevo modelo de financiación, presentado ayer por el vicepresidente Solbes, premia a priori la población sobre otros condicionantes como el envejecimiento o la dispersión de la población, lo que supone un claro perjuicio hacia territorios como Castilla y León, Asturias o Galicia. No se puede avanzar hacia una España del siglo XXI sin garantizar, por encima de todo, la misma atención a todos los ciudadanos españoles, independientemente de donde vivan. Castilla y León, como bien recordó ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tiene dos grandes condicionantes a la hora de ofrecer servicios: un territorio tan grande como Portugal y una población diseminada por pequeños pueblos, lo que implica un coste que no tiene un madrileño o un barcelonés. El próximo día 5, en la reunión que mantendrán Zapatero y Herrera, el presidente del Gobierno debe dar garantías a la Comunidad de que en esta negociación no perderá ni un céntimo de euro que le pertenece. El día que las autonomías puedan ir por libre se resquebrajará el edificio común donde, por cierto, todos no han partido de la misma posición en la carrera. El desarrollo de Cataluña de hace 20 años no era el de Castilla y León, que necesita un mayor esfuerzo.
