Las rebajas no dejan de ser más que un mero instrumento del marketing consumista, como lo son las promociones especiales de días señalados: del padre, de la madre, de los enamorados, de la primavera, del otoño, o de la vuelta al cole. Sin embargo, las rebajas, con mayor tradición y gancho que cualquiera otra promoción, consiguieron convertirse en Ley y que cada comunidad autónoma desarrollase sus propios reglamentos, sus inspecciones y sus consiguientes gastos administrativos. La llegada de la recesión económica ha hecho saltar por los aires todo este entramado burocrático al imponerse la ley de la oferta y la demanda. Ante la crisis de consumo detectada a comienzos de diciembre, los comerciantes decidieron anticipar las tradicionales rebajas de enero a mucho antes de la Navidad y ahora varias comunidades autónomas adelantan la fecha del 7 de enero al día 2. En Castilla y León sigue vigente la Ley y las rebajas comenzarán en la fecha fijada; sin embargo, éstas ya comenzaron el día 26 de diciembre y con descuentos de hasta el 50%, cifras que no se alcanzaban hasta los últimos restos en años anteriores. Ante una situación admitida por administraciones, comerciantes y consumidores, la Junta debería plantearse la supresión de esta Ley que, como cualquier regulación administrativa inútil, no genera más que gastos para el contribuyente. Ahora y durante muchos años, hasta que no vuelva a brotar la nueva fiebre especulativa, será la propia ley de la oferta y la demanda la que se encargará de proteger los derechos de los consumidores en cuanto a precios. La supresión de la Ley de Rebajas no implica suprimir las inspecciones de consumo, algo indispensable para garantizar la calidad de los productos.
