La e-Administración de los derechos de los ciudadanos

Ical Valladolid
El Plan de Implantación de la Administración Electrónica en Castilla y León, con vigencia de 2009 a 2011, dibujará una carta de 48 derechos, al tiempo que servirá para mejorar su relación con los ciudadanos de la Comunidad por medio de las nuevas tecnologías. En concreto, la medida persigue que el ciudadano se convierta en centro de los servicios, para lo que el nuevo modelo tendrá como premisas lograr una administración más cercana y orientada al ciudadano; accesible por múltiples canales y sin restricciones horarias; ágil y eficiente; prestadora de servicios de calidad; preactiva y flexible y normalizada, según figura en el borrador del plan al que tuvo acceso Ical.
La medida, que se deriva del Plan estratégico de modernización de la Administración de Castilla y León 2008-2011, dependiente de la Consejería de Administración Autonómica, dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que data de 2007, y que marca, entre otros derechos de la población, poder elegir la fórmula con la que relacionarse con las administraciones; no aportar datos y documentos que ya obren en el poder de éstas.
Entre la carta de 48 derechos que dibujará el plan se encuentra también la opción de obtener copias electrónicas de los documentos de su expediente; que la Administración conserve en formato electrónico sus documentos; formulación de solicitudes a través de la red; realización de consultas, pagos y transacciones por estas vías; presentación de alegaciones y manifestación de consentimiento; información de los trámites y procedimientos para acceder a los servicios, y de los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de servicios y vías de recurso en caso de litigio entre cualquier autoridad competente, prestadores y destinatarios.
En la lista también figura garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios y conocimientos, a la e-Administración. Para lograr este fin, se implantarán en las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano de puntos de acceso públicos y gratuitos.
Además, entre los derechos se incluyen que la Administración facilite el acceso a los datos que tengan de los interesados que se encuentren en soporte electrónico; uso de sistemas de firma electrónica; que exista un sello electrónico; un registro de funcionarios habilitados para la identificación o autentificación de datos y procesos; creación de un registro electrónico de entrada y salida; notificación por medios electrónicos, etc.
Junto al objetivo de garantizar estos derechos, el plan incluye otros seis objetivos generales aparejados: mejorar la prestación de los servicios públicos; mejorar los sistemas de información y comunicación; colaborar con la administración local en la implantación de estas prestaciones; modernizar la gestión interna de la Junta; potenciar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos para relacionarse con la Administración, e implantar las medidas en plazos ajustados.