El PSOE exige a Riesco la demolición del autolavado

El autolavado de coches de la Estación de Autobuses debería ser demolido en aplicación de la normativa. GAZTELU

Francisco Labarga Ponferrada
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ponferrada, a través del concejal Alberto Zapico, denuncia la “arbitrariedad” del alcalde, Carlos López Riesco,en relación con el autolavado de coches construido de forma ilegal en el aparcamiento de la Estación de Autobuses.
Según Zapico, el alcalde no está haciendo nada para que se cumpla el decreto del pasado 8 de octubre, y según el cual se sancionaba a la empresa infractora con una multa de 13.250 euros, así como a la“reposición de los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”;es decir, pura y simplemente a la demolición de esta instalación que vulnera las normas urbanísticas municipales y autonómicas.
“Riesco está incumpliendo un decreto que él emitió, que él dictó, que no somos nosotros los que decimos que esa instalación es ilegal, sino que fue él quien lo hizo y mediante decreto sancionó a esa empresa y la obligaba a reponer los bienes al estado anterior a la ilegalidad”, aclara Zapico, para quienprecisamente la segunda de las condiciones establecidas en el decreto, que es la que de hecho obliga a demoler la instalación, no se ha cumplido.
“Se da la circunstancia queesa instalación ilegal está invadiendo un gran número de plazas de aparcamiento en la Estación de Autobuses, cuando todos conocemos la escasez de plazasde aparcamiento gratuitas que hay en Ponferrada”, señala y puntualiza que, por si fuera poco, “si en circunstancias normales esto ya constituye un problema, durante las pasadas fiestas, éstese agudizó y un auténtico caos se formó en el aparcamiento de la estación de autobuses con las consiguientes molestias a los usuarios y a la ciudadanía”.
El polémico lavadero de coches de la estación de autobuses fue instalado sin las oportunas autorizaciones y con informe en contra del técnico municipal, informe que proponía la apertura de un expediente sancionador. A partir de ahí, el alcalde, en un primer decreto, anuló el expediente sancionador y “volvió a dar vida” a la instalación ilegal, para a continuación proseguir con la paralización, que fue recurrida por la empresa titular del autolavado.
El decreto del pasado 8 de octubre lo fue desestimar el recurso interpuesto y se mantiene la sanción impuesta”. Pero, además, el decreto especificaba claramente que la sanción se imponía “sin perjuicio de adoptar las medidas previstas en el artículo 118 y siguientes de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal”.
Aunque ese decreto suponía de hecho dar plenamente la razón a las reiteradas denuncias sobre la ilegalidad de la instalación, lo cierto es que de nada sirve si el propio alcalde, transcurridos más de tres meses desde que se dictó, no ordena que se cumpla en los términos que él mismo estableció.
Según Zapico, el grupo socialista lo único que hizo “fue hacerse eco del informe del arquitecto municipal”, pero a la luz del tiempo transcurrido no parece que el equipo de gobierno de Ponferrada esté muy dispuesto a que se cumpla la norma, pese a que Zapico cree que “el Ayuntamiento debiera exigir a los que montaron ahí ese kiosco que, tal y como dice el decreto, devuelvan eso a la situación anterior y por lo tanto se ponga a disposición de la ciudadanía las plazas de aparcamientos públicos que de alguna manera se ocuparon con esa instalación”.
Ante esta pasividad, el concejal socialista se pregunta por el papel que juega la Oficina de Infracciones Urbanísticas, recientemente creada y que entiende que se trata de una maniobra propagandística más que de un órgano operativo para luchar contra las infracciones urbanísticas en Ponferrada.