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MUNICIPAL / Hoy comienza una recogida de firmas contra la venta del 49% del servicio

La privatización de Aguas resucita las protestas de 2004

El fallido intento de externalización iba a generar ingresos por 15 millones

Natalia Rodríguez Picallo y Miguel Ángel Fernández Cardo anunciaron la externalización de Aguas.

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Elena F. Gordón León
El 30 de septiembre de 2004 el Pleno del Ayuntamiento de León aprobó la modificación de la gestión del Servicio Municipal de Aguas que permitía la privatización parcial y la venta del 49% de la sociedad. La decisión llegada después de meses de movilizaciones de distintos colectivos sociales que mostraron su rechazo a la medida.
El 8 de octubre del mismo año, cuando también gobernaba el socialista Francisco Fernández, el entonces primer teniente de alcalde, el leonesista Javier Chamorro, anunció la paralización del proceso y señaló que los concejales de la UPL “velaban por los intereses de los leoneses”. También dijo que no quería que la decisión dependiese del entonces ex edil de UPL y concejal no adscrito, José María Rodríguez de Francisco -defensor de la operación- y que no descartaba apoyar la medida en próximos ejercicios presupuestarios si la situación del consistorio no dejaba otra salida.
Precisamente ese fue el argumento esgrimido por el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, y la portavoz municipal socialista, Natalia Rodríguez Picallo, al anunciar semanas atrás la decisión de externalizar el 49 % de la sociedad que gestiona el servicio de Aguas. La más que precaria situación económica del Ayuntamiento, dijeron, no deja más salida que recurrir a una operación, no deseada pero necesaria subrayaron, por la que esperan obtener unos ingresos de “no menos de 20 millones de euros”, cinco más de los que se querían conseguir con la privatización fallida de 2004. Ahora, se reanudan las protestas ciudadanas mientras los propios socios de gobierno del PSOE, los concejales de la UPL, aún no se han manifestado oficialmente sobre su postura al respecto. Los leonesistas han dicho que tienen que estudiar en profundidad la cuestión pero no parece que los plazos previstos por los socialistas vayan a permitir un análisis exhaustivo.

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