El genocidio es un delito cometido por funcionarios de un Estado o particulares, que consiste en el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión.
La invasión de Israel en la franja de Gaza cumple todos esos requisitos. Más de un millar de muertos, entre los que se cuentan centenares de niños, pasando por bombardeos contra varios hospitales e instalaciones de la Media Luna Roja y continuando por ataques contra sedes de la ONU y centros de prensa.
La operación militar, disfrazada de lucha antiterrorista, responde en realidad a una operación del Gobierno israelí ante próximas citas electorales. Y al igual que en otros países del primer mundo, aquel que más miedo inculque y más implacablemente lo combata tiene muchas posibilidades de salir airoso. Y por lo visto en Israel, cada palestino muerto equivale a un buen número de votos.
Hoy sabemos, al fin, donde estaban las armas de destrucción masiva. Israel las emplea a diario contra el pueblo palestino. Pero que nadie espere el envío de observadores internacionales que puedan testificar que se están empleando. Y ni hablar de condenas, embargos o bloqueos.
En una situación normal, Hamás debería desaparecer de la lista de organizaciones terroristas y en su lugar incluir a los partidos que gobiernan el Estado de Israel, que atentan sin pudor contra un gobierno soberano.
Pero la realidad es bien diferente, fruto de una legalidad internacional diseñada por los poderosos: cuando conviene se la saltan, y cuando no, castigan con ella.
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