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Correa dirigía un conjunto de 23 sociedades, según Garzón
El juez ha tenido en cuenta el riesgo de fuga y de destrucccion de pruebas
El coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo a las puertas de la Audiencia Nacional acompañado de la portavoz del partido, Soraya Sáenz de Santamaría. REUTERS
ABCMadrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la ‘Operación Gürtel” que dirigían un “conglomerado de empresas’ formado por 23 sociedades que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para “obtener un beneficio propio”. Para ello utilizaba “como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando”.
Fuentes jurídicas han indicado que Garzón va a investigar a las autoridades públicas a las que, presuntamente, habría sobornado el empresario.Con el objetivo de “mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos”, Garzón señala que los miembros de la trama les entregaban “regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban “obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas”, dice el juez.
En un auto hecho público ayer, el magistrado añade que, según un informe policial, Correa “planeaba salir de España el pasado día 7” y estaba realizando gestiones “para obtener la residencia en un país de Centroamérica”. El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte “en inmediata relación de jerarquía” su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.
El magistrado, que imputa a los tres delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de capitales, celebró a última hora de la tarde las vistillas para determinar la situación de los detenidos después de que el pasado lunes prorrogara -a petición de las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Myriam Segura y Concha Sabadell- el plazo de detención de los tres con objeto de practicar unas diligencias solicitadas por el Ministerio Público. El juez ha tenido en cuenta para tomar su decisión el considerable riesgo de fuga y de destrucción de pruebas existente en el caso de que los arrestados fueran puestos en libertad. Garzón tomó declaración durante la jornada a otras tres imputadas, que quedaron en libertad con comparencias mensuales y la obligación de no abandonar el territorio español, añadieron estas fuentes. Una de ellas, la esposa de Correa explicó que se encuentra en trámites de separación desde hace cuatro años y que se desvinculó de sus empresas desde el año 2001.