La Junta pretende acelerar el acceso a las prestaciones

Ical Valladolid
Castilla y León será la primera Comunidad Autónoma en unificar en una única resolución administrativa el trámite de reconocimiento de la situación de dependencia y el programa individualizado de atención al dependiente algo que, según el consejero de Familia, César Antón, permitirá agilizar y acortar en mes o mes y medio el tiempo para acceder a una prestación.
Antón, que asistió ayer a la reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial, detalló que el proceso que marca la Ley de Dependencia sigue un orden que arranca con la solicitud, la valoración, el reconocimiento de la situación de la dependencia y concluye con la puesta en marcha de un programa individualizado de atención para acceder a la prestación. Si embargo, con el fin de acortar plazos, Castilla y León aunará el trámite de reconocimiento de la situación del dependiente con el programa de atención individualizado en “una única resolución administrativa” y sus efectos se notarán antes de que finalice el año. Ante la inexistencia de un sistema ágil que permita a la Comunidad acceder a datos que maneja la Agencia Tributaria y que son necesarios para acceder a una prestación los delegados de cada una de las provincias se pondrán a disposición de los representantes de las agencias tributarias para facilitar el proceso que podría acortarse entre mes y mes y medio.
El consejero insistió en el gran esfuerzo realizado por la Comunidad tras la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia. Así, subrayó que hace quince meses comenzaron a asignarse prestaciones y ya son casi 32.000 personas las que las tienen concedidas o están en condiciones de acceder a prestaciones y un total de 20.062 dependientes los que ya han recibido prestación.
Las cifras de la Administración regional apuntan a que 13.646 dependientes están recibiendo servicios –el 68 por ciento– y 6.416 están recibiendo ayudas económicas –32 por ciento–.
En cuanto a la situación de la Comunidad Autónoma respecto a la aplicación de la Ley de la Dependencia, Antón precisó que Castilla y León ocupa el sexto lugar en número de solicitudes presentadas y es la tercera del territorio nacional en valoraciones.
Asimismo, Castilla y León se sitúa entre las primeras regiones en número de servicios y prestaciones concedidas y se coloca muy próxima a la media nacional en número de altas en la seguridad social de cuidadores no profesionales, pese a que en muchos casos este trabajo corre a cargo de mayores de 65 años, en cuyo caso el alta es voluntaria. En cuanto a las quejas relacionadas con la contribución del Estado al desarrollo de la Ley de la Dependencia, Antón recordó que entre los beneficiarios o sus familias y la Junta de Castilla y León se asume el 89 por ciento de los costes de la Ley de la Dependencia, mientras que el estado “no pone” lo que según la normativa vigente debería aportar –la misma cantidad que las comunidades autónomas–.