La firma protocolaria del convenio por el que Castilla y León, Cantabria y Asturias se harán cargo de la gestión de Picos es de enorme trascendencia para el futuro de este Parque Nacional, desde el momento en el que todos parecen asumir que la gestión estatal del mismo no ha sido eficiente y que su desarrollo agravaba cada vez más las descompensaciones autonómicas, en las que la provincia de León se sentía cada vez más perjudicada. Sobre el papel, la nueva gestión autonómica impuesta por mandato constitucional debe servir para corregir esos agravios y para ello será necesario más dinero público, algo que no está claro que vaya a producirse en el momento de las transferencias y en la actual situación de crisis económica. La nueva gestión autonómica nace ya con la contestación de los alcaldes de la zona leonesa, que exigían participar directamente en la misma y no sólo en el órgano consultivo del patronato. No obstante, se hace necesario otorgar un voto de confianza a los nuevos gestores que tendrán ante sí el difícil reto de compatibilizar el desarrollo turístico del Parque con la conservación de la flora y la fauna del mismo. El reto es complicado, sobre todo en la parte leonesa, que durante años ha visto como sus pueblos perdían población y la inversión turística se estancaba, mientras que en la parte asturiana y cántabra el desarrollo turístico ha sido considerable. Tal vez la actual normativa no permita que los ayuntamientos participen en la gestión, pero los nuevos rectores han de ser conscientes de que, si no articulan mecanismos para que participen activamente en la misma, pueden estar abocados al fracaso, porque cientos de años de convivencia con la naturaleza y con su conservación les avalan.
