Piden que la Audiencia investigue el crimen de Nava

L.C. León
“Han pasado cuatro años y no sabemos cómo murió nuestra hija” relatan a la puerta del Juzgado los padres de Rocío Fernández cuyo cadáver se encontró en un vertedero de Nava en junio de 2005.
Mari Flori y Baldomero han emprendido una campaña de recogida de firmas (llevan 300) para que la investigación del crimen pase a la Audiencia con la esperanza de que aquí sí se acepte el análisis de pruebas que hasta ahora se les deniega. Los progenitores han denunciado en reiteradas ocasiones su disconformidad en la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 3.
Critican el “estancamiento” y no entienden el motivo de que se les niegue su derecho a practicar otras pruebas forenses ya que en su día “no se hizo ni el 10%”. La familia decidió contratar al prestigioso forense, Luis Frontela, quien fue perito de la acusación en el caso Alcáser, para resolver el asesinato de Rocío. “Estábamos pendientes de estas pruebas porque creemos que tenemos derecho a ellas, Frontela no descartaba una segunda autopsia y también nos las han denegado”, relata Baldomero.
Siempre según la versión de los padres, se han recibido pruebas que determinan que el pelo del caballo encontrado en el calcetín de su hija pertenece a un equino de la explotación ganadera del único sospechoso (un ex novio de Rocío y padre del bebé que esperaba) sin que se haya trabajado sobre ellas.
Por último, han denunciado que reciben llamadas, supuestamente desde el móvil de su hija, pero que no han sido todavía investigadas.