“No debe haber fronteras administrativas a la gestión de este espacio”

Rodrigo Suárez Robledano. M. MARCOS

SONSOLES SANZ
Cistierna
El actual director del Parque Nacional de Picos ocupó su cargo en noviembre de 2004. Su opinión con respecto a las transferencias de la gestión del espacio protegido a las Comunidades Autónomas resulta, por tanto, en este momento de especial interés.

¿Qué valoración realizaría desde su actual cargo sobre la gestión autonómica y tripartita del espacio protegido?
A priori no hay que pensar que la etapa que se iniciará, una vez se culmine el proceso de traspaso del Estado a las Comunidades Autónomas, tenga que ser peor. Es más, incluso algunas cuestiones han de mejorar. Yo miro siempre con optimismo al futuro, pues creo que es la única manera de superar los importantes retos que la conservación y uso de un espacio como éste presenta cada día. Por tanto, hay que tener esperanza en que la gestión que se haga desde las Autonomías, con su cercanía al ciudadano, sea cuando menos igual de efectiva que la que ha venido realizando el Estado.
Desde luego, creo que el listón queda bastante alto, ya que el nivel de inversiones alcanzado en estos últimos cuatro años, así como la ultimación o el inicio de la solución de muchos de los temas pendientes que había en el conjunto del Parque y, particularmente, en su vertiente leonesa así lo implican.

¿Considera que al descentralizar el ‘gobierno’ del Parque Nacional cada director intentará subsanar de un modo más efectivo, si cabe, las carencias o demandas de cada una de las vertientes?
La actuación de gestión ha de ser coordinada y garantizadora de la unidad ambiental del Parque. Así lo imponen la Sentencia del Tribunal Constitucional, la nueva Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales y el propio convenio suscrito el pasado día 9 por las tres Comunidades Autónomas. Si se respetan esas premisas, bueno será que, después, cada responsable territorial, integrado en una Dirección única, aunque rotatoria, realice una adecuada planificación territorial de actuaciones que ha de integrarse en una planificación única, aunque respetuosa con las especificidades locales, pues muchas de las actuaciones no son de reflejo exclusivo en un territorio. No podemos poner fronteras administrativas a la gestión de este espacio, como claramente resaltaron los tres Presidentes. Unidad y descentralización han de convivir en este nuevo sistema.

Como director del Parque Nacional, ¿cree que resultará viable que cada año cambie la persona que estará al frente del territorio natural?
Se está hablando de un equipo, con continuidad en el que, cada año, es uno de los Codirectores el que ejerce la función de representación del Parque. Pero la actividad de los mismos, dentro de unos órganos de gestión conjunta, es de suponer que se extienda en el tiempo.

Desde su conocimiento en la administración, ¿dará tiempo a sacar adelante proyectos menores?. ¿Y los de mayor envergadura?
Insisto en que los órganos de dirección y de gestión tienen continuidad, de modo que nada ha de impedir sacar adelante proyectos o actuaciones con varias anualidades de ejecución, cuya dirección (dirección de obra o de asistencia) es ejercida, además, por un funcionario único. Son dichos órganos (Comisión de Gestión y Comité Técnico) los que han de velar por desarrollar y aplicar la planificación de actuaciones, sin que la alternancia en la representación deba afectar a tal función.

¿Deberán ahora equipararse las limitaciones en las tres Comunidades Autónomas?, sobre todo en lo referido a las actividades cinegéticas y a la pesca, prohibidas en Cantabria y en Asturias y no en León...
La normativa es clara al efecto y, en un estado de derecho, no cabe sino su aplicación. En los Parques Nacionales no caben la caza deportiva y comercial, ni la pesca deportiva y recreativa. Si lo que se pretende es dar continuidad a dichas actividades por encima del plazo limitado que la nueva Ley de la Red de Parques Nacionales establece (10 años desde su promulgación, es decir, hasta el 2017 como máximo), pues no estaremos ante un Parque Nacional y no podrán obtenerse sus beneficios, de todo tipo, reconocidos a nivel internacional. No obstante, como en dicho plazo también hay que excluir las poblaciones del interior del espacio protegido, es fácil que parte de los fondos del valle salgan de la zona sometida a régimen de protección, por lo que una parte apreciable de los cauces principales del Sella y del Cares podrían ser objeto de aprovechamiento de pesca deportiva. Y, por lo que hace a la actividad cinegética de las cuadrillas de los pueblos, una vez se negocie la finalización del régimen cinegético y se abonen las indemnizaciones, las actividades de control selectivo de fauna que y la normativa permite, podrían realizarse, cuando biológicamente resulte necesario, con la participación de residentes locales.
Por otra parte, la normativa puede cambiar, si bien los criterios de homologación internacional de un espacio a un nivel de protección determinado no pueden entrar en ese tipo de procesos. Esta figura está asentada en nuestra legislación desde 1916 y nuestro actual modelo de Parques Nacionales, con los condicionantes que se derivan de la Ley y son conocidos, está internacionalmente reconocido.

¿Considera usted necesario que los Ayuntamientos inmersos en el Parque Nacional tengan voz y voto en lo referido a una gestión que afecta a sus propiedades?
Voz ya tienen y muy importante (y tenida en cuenta) a través del Patronato, que debe informar necesariamente cada actividad que se desarrolle en este espacio. Además, el proceso de desarrollo de la planificación del Parque ha de contar, imperativa y legalmente, con la participación de los Ayuntamientos. El tema de la “segunda descentralización” es especialmente complejo y no se ha dado, ni siquiera, en otros aspectos mucho más directamente relacionados con la actividad de los municipios, por lo que no creo que esta función, que aún no ha sido asumida por las Autonomías, deba ser la primera que deba entrar en tal proceso. Sin que ello implique que no deba reflexionarse sobre mejorar la participación activa de los Ayuntamientos.