El juez firmó los oficios el pasado lunes pero tardaron cuatro días en llegar
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afrontará ahora las acusaciones en el TSJ de Valencia. REUTERS
Europa Press Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid (TSJM) y la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la denominada ‘Operación Gürtel’.
Esta decisión se produce ocho días después de que anunciara su inhibición de este caso tras encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados autonómicos.
El magistrado, que retomó ayer la instrucción de estas diligencias a su vuelta del viaje a Guatemala que inició el pasado martes, dejó firmados el pasado lunes los oficios que contenían las exposiciones motivadas para hacer efectiva la remisión de la causa, según aseguraron las citadas fuentes.
No obstante, añadieron que problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional han impedido la remisión hasta el día de ayer de las copias testimoniadas de las diligencias previas, que fueron transportadas por funcionarios judiciales en nueve cajas de folios que estaban distribuidas en dos carretillas.
El instructor adoptó esta decisión un día después de que el Partido Popular (PP) interpusiera ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja en la que criticaba que el juez se hubiera ausentado de España “sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia”. Se trata, a su juicio de esta formación, de una “nueva maniobra irregular” del juez “que incluye notificaciones tan anómalas como ilegales”.
“¿Cómo es posible que, tras resistirse contumazmente a dar cumplimiento a dos informes sucesivos del Ministerio Fiscal para remitir la causa a aquellos Tribunales Superiores, se permita ahora ausentarse de España durante tres días ‘por asuntos propios’ sin haber dado cumplimiento al tercer informe del Ministerio Fiscal y tras haber hecho públicos los autos que tanto perjuicio causan a personas e instituciones?”, señalaba el PP en el escrito.