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León aportará 3.000 perceptores a la renta de ciudadanía de 421 € al mes

L.C. León
Un total de 3.000 leoneses podrían percibir la renta de ciudadanía que antes del 30 de julio tiene que poner en marcha la Junta de Castilla y León, de acuerdo al compromiso adquirido en las Cortes autonómicas por su presidente, Juan Vicente Herrera, el pasado 12 de marzo.
La denominada renta garantizada de ciudadanía, cuyo objetivo según el propio Herrera es “ofrecer una protección básica a los más perjudicados por la situación de crisis”, consistirá en un subsidio de 421 euros mensuales, según lo aprobado en el último consejo del Diálogo Social.
La cifra de los 3.000 leoneses que podrían percibirlo, 15.000 personas en toda la Comunidad, ha sido aportada por los sindicatos y se obtiene a partir de los beneficiarios actuales del ingreso mínimo de inserción, a los que se suma los que no lo piden por desconocimiento o pudor, y los parados que obran el itinerario de inserción .
Aunque aún se desconocen muchos aspectos de este nuevo subsidio, el PP y PSOE hicieron públicos hace semanas los aspectos que se deben valorar para que una persona de Castilla y León pueda acceder a una renta de ciudadanía, como ya existe en otras comunidades autónomas y recogió la reforma del Estatuto a petición de los sindicatos.
Situación y necesidad individual de la persona y de la unidad familiar a la que pertenece, estabilidad en el tiempo de su percepción, examen de otras ayudas similares como el salario mínimo de inserción o pérdida del desempleo y vinculación de la ayuda con un itinerario de formación para la búsqueda de un trabajo, son las bases que barajan para fijar los preceptores a este derecho estatutario.
De manera que a este ingreso no optaría cualquier persona, como por ejemplo un estudiante que viva en el domicilio familiar, pero tampoco se puede “penalizar” a una persona que vive con mayores que cobra una pensión, por ejemplo.
Estas ayudas no pueden desincentivar la formación y el empleo sino que tienen que estar vinculadas al estímulo de la búsqueda de un trabajo para que esa persona no esté “sine die” como preceptor de una renta mínima con la que pueda subsistir.

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