La compañía culpa al comité de empresa de no aportar ninguna alternativa y a UGT de no nombrar ningún representante en la negociación
La planta de la multinacional danesa LM Glasfiber está ubicada en el polígono de La Llanada. GAZTELU
Miriam Gago Ponferrada
La multinacional LM Glasfiber ha anunciado la inviabilidad de llegar a un acuerdo sobre el proceso de reajuste de plantilla en la planta de producción de palas eólicas ubicada en el polígono de La Llanada, debido a que el comité de empresa no ha sido capaz de proponer ninguna medida alternativa al Expediente de Regulación de Empleo planteado por la empresa. “A día de hoy, la posibilidad de llegar a acuerdos y acercar posturas se hace inviable”, asegura la empresa mediante un comunicado oficial difundido ayer, tan sólo unas horas antes de que se retomen las negociaciones entre el comité y la dirección de LM en una reunión que tendrá lugar durante la jornada de hoy.
La empresa, dedicada a la construcción de palas eólicas, culpa además de la falta de soluciones al sindicato UGT de que asegura que no ha querido designar ningún representante para constituir una mesa negociadora reducida que permita llegar a acuerdos, lo que “está dificultando las negociaciones”, ya que asegura que “a LM se le hace muy difícil el dialogo serio y constructivo sin la constitución de una mesa negociadora y sin haber recibido, después de casi tres semanas de negociación propuesta alguna por parte de los representantes de los trabajadores”, afirma la empresa.
Por ello la multinacional danesa apela a la “responsabilidad y profesionalidad” de los sindicatos para resolver una situación que no hace más que agravarse por la falta de soluciones.
Por su parte la empresa asegura que desde que se presentara el Expediente de Regulación de Empleo, la compañía siempre ha mostrado una actitud abierta al diálogo y una predisposición para valorar propuestas aportadas por el comité de empresa.
El Expediente de Regulación de Empleo fue presentado por la compañía el pasado 25 de marzo a consecuencia de ladisminución de la actividad productiva en la planta, derivada de la crisis económica. Esta regulación de empleo se traduciría en la aplicación de un expediente de extinción de contrato para 155 trabajadores, otro expediente de suspensión temporal de contrato durante tres meses para otros 365 empleados y la no renovación de los contratos temporales, que en estos momentos rondan los cuarenta.