El PSOE dice que después el recibo sólo podrá aumentar un punto más del IPC
Las protestas por la privatización del servicio de Aguas provocaron el desalojo del salón de plenos. MAURICIO PEÑA
Elena F. GordónLeón
El recibo del agua, una vez que se lleve a cabo la privatización del servicio aprobada ayer en Pleno por el Partido Socialista y la UPL con los votos en contra del PP, no subirá en la capital al menos durante dos años y después no lo podrá hacer por encima del incremento que suponga el IPC más un punto diferencial. Así lo recalcó la portavoz del PSOE, Natalia Rodríguez Picallo, en su primera intervención para defender la decisión del equipo de gobierno de externalizar la gestión del 49% del servicio.
La concejala repasó las justificaciones de la semiprivatización y recordó que el 66,4% de la población vive en ciudades en las que existe una gestión indirecta del agua, que la operación es necesaria para conseguir la financiación de 70 millones de euros destinados a pagar a proveedores, que se necesitan inversiones de mejora que no podrían ser asumidasy que hay que modernizar la red de abastecimiento. Además, la edil recalcó que el consistorio mantendrá el control del 51% de la sociedad mixta que se cree.
El mismo tiempo que la concejala, 12 minutos, empleó el popular Rafael Pérez Cubero en reprochar al equipo de gobierno que intente “justificar lo injustificable” con una medida, dijo, que va a significar “un poco de pan para hoy y mucha hambre para mañana”.
El servicio, aseguró, no está obsoleto y disponía hasta hace poco de un superávit suficiente para acometer las inversiones por 8,5 millones de euros que precisa la red. La adjudicataria, señaló, llevará a cabo esa inversión a lo largo de los 25 años que dure la concesión. “El beneficio es nulo para el Ayuntamiento”, resumió.
El alcalde fue el encargado de cerrar el debate no sin antes recalcar que la medida de la privatización es “excepcional” y que hay que llevar a cabo “independientemente del desgaste que por ello tenga con algunos”. Además, remarcó, respeta el rechazo a la medida de quienes abogan en todo por la gestión pública pero no de los que, como el PP, lo hacen sólo en ocasiones. Y es que el regidor quiso recordar las privatizaciones llevadas a cabo por anteriores equipos de gobierno populares, como las que afectaron a los servicios funerarios, de la ORA, de limpieza o a Mercaleón.
Protesta anunciada
Podría ser la traca final -probablemente no- pero la presencia de la plataforma leonesa contra la privatización del agua estaba anunciada en el Pleno que ayer aprobó el cambio de gestión del servicio municipalizado de la capital. Varios coches de policía, al menos siete, y numerosos agentes custodiaban las dependencias municipales de San Marcelo y, más en concreto, el salón de Plenos que fue ocupado por varias decenas de personas que portaban pegatinas, carteles y pancartas con mensajes de rechazo a la venta del 49% del servicio. El grupo de manifestantes -algunos quedaron fuera porque el aforo estaba completo, según la Polícía, extremo que negó IU- mostró su rechazo a los argumentos esgrimidos por la portavoz socialista, Natalia Rodríguez Picallo, colocándose de espaldas a la corporación municipal durante sus intervenciones. Además, aplaudieron los discursos de la oposición.
Puente Castro
El desalojo por las protestas de la privatización precedió a otro que sólo afectó a un vecino de Puente Castro, un joven que profirió varios gritos contra la construcción de viviendas sociales en el barrio. Otros manifestantes, que se quejaban contra las radiaciones electromagnéticas, no provocaron incidentes.