La integración del AVE en las ciudades de León y San Andrés estaba en el aire desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a mediados del pasado año, a pesar de que ninguno de los responsables de la Sociedad León Alta Velocidad había asumido públicamente esta realidad. La llegada del AVE a León es responsabilidad del Ministerio de Fomento, pero el proyecto de integración, que contempla el traslado de estación y el soterramiento de buena parte de las vías en León y San Andrés, incluida la supresión del paso del Crucero, necesitaba de una enorme inversión que estaba diseñado sufragar con la venta de los terrenos que se liberaban en distintas zonas, en las que se levantarían varios miles de viviendas y otras infraestructuras. El estallido de la burbuja inmobiliaria paralizó el mercado del suelo, por lo que poner a la venta todo el terreno liberado por el AVE en estos momentos sería un desastre económico. Ante el riesgo de que la recesión se alargue y con el fin de no paralizar ninguna de las obras previstas, Gobierno, Junta y los Ayuntamiento de León y San Andrés anunciaron ayer que recurrirán a un crédito de 300 millones de euros con la garantía de los terrenos públicos que podrán amortizarse cuando se revitalice dentro de unos años el mercado inmobiliario. El enorme desarrollo urbanístico y los cambios profundos que una infraestructura como el AVE ejerce en las ciudades es enorme y el que ejercerá sobre León, mucho más pequeña que la mayoría de las ciudades por donde pasa, será radical, pero tardará unos años en verse plasmado en toda su dimensión. Los responsables son reacios a poner fechas, pero una vez que llegue el tren, comenzará la transformación, que podrá comenzar a visualizarse a partir de 2012.
