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Niños de pateras y solidaridad
Imagen del nuevo centro de menores de Laciana. LIDIA DE LA VILLA
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Manuel C. Cachafeiro / León
Hechos es una asociación surgida en Burgos que se dedica a atender inmigrantes. En apenas dos meses, gracias a un acuerdo con la Fundación Santa Bárbara de MSP y el Ayuntamiento de Villablino, abrirá un centro de acogida en la antigua residencia de la empresa minera, en Caboalles de Abajo.
Una vez más, Laciana podrá demostrar que la solidaridad es una de sus mejores banderas. La residencia que durante años fue la casa de muchos mineros acogerá ahora a 18 niños llegados en patera a las playas de Canarias. El proceso de selección ha comenzado. “No es nada fácil”, admite el director general de Hechos, Simón Menéndez, porque son más los casos que las plazas disponibles.
A Laciana llegarán dos grupos: uno de niños de 10 y 11 años y otro de 15 años. Todos ellos jóvenes procedentes de países como Gambia, Senegal, Mali, Ghana, Guinea Bisau... Países donde la vida vale muy poco y donde a su edad ya trabajan como adultos.
Detrás de cada menor que llega en una patera hay una historia personal. Una historia huyendo del hambre y la miseria. “Unos se lo dicen a sus familias, pero otros no. Otros, cuando llegan, buscan comunicarse por teléfono para decírselo”, explica Simón Menéndez. “Otros simplemente se lo tienen prohibido, pero ellos se lanzan a la aventura porque lo que dejan atrás es mucho peor”.
Desde su creación en 2003, la asociación Hechos ha abierto dos centros para menores como el que ultima en Caboalles de Abajo. Uno en Burgos, la ciudad donde tiene su sede la organización, y otro en Ponferrada. En la capital del Bierzo residen desde hace un tiempo 18 menores. Según Simón Menéndez, el funcionamiento de este centro es excelente. Los jóvenes son atendidos con el objetivo de que se integren en la sociedad y encuentren también un empleo. “Están perfectamente integrados en la ciudad. Muchos vecinos los conocen y hacen una vida normal”, añade el máximo responsable de Hechos.
Sólo en lo que va de año, Canarias ha recibido más de 800 inmigrantes —entre ellos casi un centenar de menores de edad—, que han llegado al archipiélago en una decena de cayucos desde las costas africanas. Canarias es, hoy por hoy, el gran objetivo de quienes tratan de escapar del hambre después de que la frontera marroquí se haya blindado.
Cuando un menor llega a Canarias queda bajo la tutela del gobierno autonómico. Desde hace tiempo, las autoridades insulares vienen reclamando una reforma urgente de la ley para que su traslado a otras comunidades autónomas no dependa de la solidaridad de sus gobiernos. Según la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, en la actualidad existe un “limbo legal” que hace muy difícil la gestión de un problema muy grave para las autoridades canarias. Los centros de las distintas islas no dan más de sí. El anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería que prepara el Gobierno pretende fijar ese reparto entre autonomías con una dotación económica de 200 millones para la educación de estos menores.
Desde que llegó el primer niño a Canarias, hace diez años, el ejecutivo canario ha gestionado más de 6.000 casos, lo que da buena prueba de la difícil situación. No es fácil su traslado a la península, ni tampoco encontrar zonas en España solidarias. Ponferrada y ahora Laciana son casos excepcionales. “Son zonas que han convivido siempre con la inmigración y un ejemplo de solidaridad”, dice Simón Menéndez.
En el caso de Caboalles, la adaptación de la antigua residencia se ha retrasado algo sobre los plazos inicialmente previstos por la normativa que deben cumplir estos centros. Los menores son atendidos por personal especializado y las instalaciones deben contar con unas condiciones muy concretas en cuanto a habitabilidad y servicios. “Para este tipo de casos es mejor poblaciones más pequeñas. No grandes ciudades donde estos menores pueden dejarse llevar y haya menos controles”.