ABC.es/Pedro R. / Washington
La crisis, desgraciadamente, ha puesto otra vez de moda al Fondo Monetario Internacional. Tras años de ser ignorado por las facilidades existentes para obtener créditos alternativos, asequibles y sin estrictas condiciones, la entidad financiera ha recuperado su perdida relevancia gracias a una profunda y globalizada recesión. Y de languidecer, hasta el punto de verse obligado a cercenar su plantilla, el FMI ha pasado a facilitar desde el 2008 más de 140.000 millones de dólares en préstamos a países en apuros, un 70 % más de todo el dinero facilitado durante la crisis asiática de los noventa.
Ante esa demanda multiplicada, la cumbre del G-20 celebrada a comienzos de abril en Londres adoptó el compromiso de aumentar los recursos del Fondo y otras instituciones financieras con 1,1 billones de dólares adicionales. Mandato que en la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial celebrada este fin de semana se ha traducido en un acuerdo sin precedentes: el Fondo, por primera vez en su historia, emitirá bonos para financiar sus operaciones de rescate.
Esta opción supone una victoria para economías emergentes como Brasil, Rusia, India y China que han defendido la emisión de bonos en lugar de préstamos directos como los 100.000 millones de dólares facilitados este año por Japón. Todo este debate planteado en Washington aunque parezca bizantino —ya que en cualquier caso el Fondo pagará intereses por los capitales recibidos— ha servido para ilustrar una vez más el descontento de los países emergentes con el entramado financiero diseñado hace sesenta años.
Por ejemplo, China, pese a disponer de gigantes reservas de divisas, actualmente tiene en el Fondo Monetario el mismo poder de votación que Bélgica. Agravios comparativos que alimentan las presiones para un nuevo reparto más acorde con el actual panorama económico del mundo.
Solamente de China se espera que pueda llegar a adquirir hasta 40.000 millones de dólares de estos bonos que estarían fijados en la «moneda" que el Fondo creó en 1969: los DEGs o derechos especiales de giro. Lo cual encajaría dentro de los deseos manifestados por algunas economías emergentes de buscar una alternativa al dólar como denominación prevalente en las finanzas internacionales.
La eventual oferta de bonos del FMI estaría dirigida hacia bancos centrales, no a inversores individuales. A pesar de lo cual no faltan críticas sobre los riesgos de competencia desleal para los títulos de deuda soberana emitida por naciones en desarrollo, con un aumento de los intereses que esas naciones tienen que pagar para satisfacer sus necesidades de capital.
Todo este debate ha tenido como escenario la cita de ayer en Washington del Comité Monetario y Financiero Internacional, principal órgano ejecutivo del FMI. Su actual presidente, el ministro de finanzas egipcio Yusef Boutros-Ghali, ha defendido un nuevo reparto de poderes en el Fondo, con la advertencia de que más dinero necesariamente no va a convertir al FMI en una mejor institución.
En su comunicado final, el Comité Monetario y Financiero ha reiterado su compromiso para trabajar de forma coordinada con el objetivo de restaurar la estabilidad y el crecimiento global. Junto a la voluntad de fortalecer en lo posible «la habilidad del Fondo para ayudar a satisfacer las necesidades externas de sus miembros». El órgano ejecutivo del Fondo también se ha puesto de acuerdo para aumentar de forma inmediata los recursos disponibles por un monto de 250.000 millones de dólares y también «considerar préstamos en el mercado si fuera necesario».
El directorio del Fondo ha llegado a calificar como «crucial» avanzar rápidamente para llegar a una mejor representación de las economías emergentes. Con el mandato de que la cuestión de recalcular las cuotas del poder de votación de cada país sea aclarada antes de la próxima asamblea prevista para octubre en Turquía. Según el comunicado, «pronta acción por parte de la autoridades nacionales (...) es crucial».
El Banco Mundial, por su parte, ha lanzado dos nuevos fondos con la meta de aportar 55.000 millones de dólares durante los tres próximos años a la financiación de obras de infraestructura en países en desarrollo. Por culpa de la crisis financiera actual, se estima un retroceso de hasta 270.000 millones de dólares para sacar adelante este tipo de proyectos.
