La crisis reduce un 10% la ocupación de las residencias para la tercera edad

Una mujer ojea una revista en una de las residencias para la tercera edad que hay en la provincia de León. SECUNDINO PÉREZ

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• La provincia de León dispone de 5.990 plazas de las que 3.676 son privadas

Alfonso Martínez / León
El cuidado de las personas mayores empieza a resentirse por los brutales efectos de la crisis económica. Los geriátricos leoneses de titularidad privada han comprobado como bajaba la demanda de plazas mientras su ocupación se reducía una media del 10%, según los datos aportados por la Asociación Leonesa de Residencias de la Tercera Edad (Alad).
Su presidenta, María Luisa García, explica que hasta hace un año lo normal era que todas las residencias leonesas registrasen una ocupación del 100%, algo que ahora ya no ocurre. En este sentido, se ha reducido también el número de visitas y de llamadas para solicitar información sobre los servicios que presta este tipo de centros privados. “Los que vienen intentan negociar y han estado en otras residencias para comparar precios”, apunta.
En cualquier caso y a pesar de estos datos, el sector de las residencias para la tercera edad no se ha visto obligado por el momento a reducir empleos, aunque no se descartan medidas de este tipo si la situación económica no mejora.
Los centros pequeños son los que se enfrentan a esta situación con menos recursos, ya que se ven “ahogados” y tratan de llenar sus instalaciones poniéndose en contacto con los de mayor capacidad por si tuvieran gente en sus listas de espera.
Aunque hay algunas residencias privadas a las que aún no les ha afectado la crisis directamente y siguen con plena ocupación, todas han intensificado las visitas de sus trabajadores sociales y las operaciones de marketing de cara a mantener esta situación.
No obstante, muchas de estas residencias privadas tienen parte de sus plazas concertadas o subvencionadas por la Junta. En este caso, la ocupación sigue siendo total, al igual que ocurre en los centros que dependen de las diferentes ONG o que son privados pero tienen fines no lucrativos.
El precio de una plaza de titularidad privada ronda los 1.200 euros, mientras que en las residencias públicas y en las concertadas los usuarios deben de aportar el 75% de sus ingresos mensuales y la Junta se hace cargo del resto. En este caso, existe un listado de demandantes que sirve para completar las vacantes.
Las familias disponen ahora de menos recursos económicos y tienen mayores dificultades para hacer frente al gasto que supone ingresar a sus mayores en una residencia. Además, la tramitación y recepción de las ayudas de la Ley de Dependencia es aún lenta y en muchos casos la contratación de una plaza privada depende en gran medida de estas ayudas.