ICAL / Valladolid
La necesidad de adoptar medidas coyunturales frente a la crisis y los procesos de renovación de las organizaciones protagonistas del Diálogo Social provocaron en los últimos meses la ralentización de las negociaciones en las materias que sindicatos y patronal pactaron con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en febrero de 2008. Hasta la fecha se han constituido cinco de las ocho mesas pactadas, con un acuerdo cerrado en la de dependencia, el pasado 16 de febrero, aunque UGT y CCOO esperan avanzar significativamente en el resto de materias a partir de ahora tras sus procesos congresuales (CCOO a mediados de febrero y UGT a finales de abril UGT) a través de reuniones semanales de los grupos de trabajo.
Asimismo, las centrales entienden que el Gobierno regional debe constituir a la mayor brevedad las tres mesas pendientes, sobre cohesión territorial e infraestructuras, empleo rural y acceso a las nuevas tecnologías, para cerrar compromisos cuanto antes y que Herrera pueda dar por cumplidos sus compromisos de legislatura.
Así lo manifestaron a los secretarios de Acción Sindical de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores de la Comunidad, Vicente Andrés y Modesto Chantre, respectivamente, quienes dejaron claro que el proceso del Diálogo Social “funciona” en Castilla y León, aunque es preciso un impulso para alcanzar los retos previstos.
Ambos sindicalistas explicaron que los acuerdos sobre dependencia se deben desarrollar a partir de ahora y aclararon que la mesa sobre simplificación administrativa, que es la que se ha reunido en más ocasiones (cinco) desde julio, está “muy avanzada”, gracias a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo frente a la crisis. Asimismo, recordaron que el pasado 2 de abril se creó la de vivienda y en julio de 2008 se constituyeron las de calidad en la contratación administrativa y cohesión social y nuevos derechos de los ciudadanos, que se ha dividido en cuatro grupos, por lo extenso de las materias a tratar. En este sentido, concretaron que están en funcionamiento los grupos de políticas de igualdad y familia y socioeconómicas y el creado el pasado jueves sobre políticas sociales, donde se debatirá sobre la renta básica de ciudadanía. El de políticas sociosanitarias se ha pospuesto hasta septiembre.
Vicente Andrés sustanció que las negociaciones, hasta la fecha, han ido “demasiado lentas” por los procesos de renovación de las organizaciones participantes, así como por la crisis, que ha obligado a la Junta a centrar sus esfuerzos en la puesta en marcha de medidas coyunturales para paliar la situación. Así, recordó el acuerdo del pasado 16 de febrero, donde se incluyó el mapa de dependencia, así como los subsidios para trabajadores en paro sin cobertura y los complementos económicos a los expedientes de regulación de empleo, entre otras materias.
Además, incidió en que es preciso que se abran las mesas pendientes antes del verano, ya que en “año y medio deben cerrarse, porque constituyen un objetivo de legislatura del presidente de la Junta” y son “temas estructurales que es preciso abordar por el futuro de la región”. “En estos momentos se están reactivando las mesas y van a buen ritmo, pero es necesario abrir las demás. Hay que meter la directa”, dijo, para agregar que el proceso del Diálogo Social en la Comunidad “va bien” y es “altamente positivo”.
Modesto Chantre insistió en que el Diálogo Social “funciona” en Castilla y León y resaltó que está adquiriendo un ritmo nuevo tras los procesos congresuales, aunque es preciso, a su juicio, que se abran cuanto antes las mesas pendientes. Al respecto, el secretario de Acción Sindical ugetista adelantó que en breve se reunirá la permanente del Diálogo Social, donde se fijará el “calendario” para iniciar las conversaciones sobre las materias pendientes.
Chantre se congratuló porque la mesa de tramitación administrativa está dando sus frutos y el resto está “en vías de generar resultados”. Sin embargo, lamentó que en algunas mesas se han perdido materias a negociar y explicó que algunos aspectos se “han hurtado” del Diálogo Social, como los 125 millones del Plan de Convergencia Interior que se dedicarán a empleo rural y que se deberían haber debatido con los agentes sociales. A pesar de todo, aseveró que tienen “más que claro” que el Gobierno regional debe ejecutar medidas con celeridad frente a la crisis y agregó que “no serán los sindicatos quienes vayan a poner palos en la ruda” para salir de la situación actual.
