Los promotores creen que la ley “pone en peligro la viabilidad del sector”
Uno de los proyectos desarrollados por la zona de Sahagún. C. DOMÍNGUEZ
Ical / Valladolid
La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) mostró ayer su rechazo a la nueva normativa en materia de renovables aplicada por el Gobierno de España, a través del Real Decreto Ley 6/2009 de 30 de abril, al tratarse, a su juicio, de una actuación en contra del sector y que “pone en peligro el desarrollo y la viabilidad futura de las energías renovables”. Entre éstas se encuentra la eólica, que cuenta con “una gran repercusión” en la Comunidad debido a las inversiones, la creación de industria, la generación de empleo y los beneficios medioambientales que supone, según un comunicado de Apecyl.
La asociación critica que el Ejecutivo central no haya contado con la opinión del sector, de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o de las comunidades autónomas para establecer este cambio de régimen jurídico, que “se ha hecho con carácter de urgencia, sin razones que lo justifiquen, de espaldas al sector, y que supone un retroceso para el desarrollo de las renovables”, estableciendo “nuevos y más exigentes” criterios para tener derecho a una retribución cuyas condiciones ya estaban fijadas. Todo ello puede afectar, según insiste, “significativamente” a la industria de fabricación de componentes de los aerogeneradores, “poniendo en peligro miles de empleos en Castilla y León”.
Los promotores eólicos de la región muestran su preocupación por la “inseguridad jurídica” y “la falta de coherencia” del Gobierno de la Nación con la entrada en vigor “por sorpresa” del RDL 6/2009 de 30 de abril -referido en principio al denominado bono social y a regular el régimen del déficit de tarifa- que “no puede ser compatible con la teórica apuesta y el compromiso” con las energías renovables del sector del que “presumen” en sus intervenciones el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.
La nueva normativa del Gobierno “parece evidente que no está pensada” para fomentar las energías renovables, sino para “limitar su desarrollo”. Los requisitos de la nueva normativa del Ministerio de Industria para la inscripción en el registro estatal de preasignación recién creado pueden ser en muchos casos “prácticamente insuperables” en condición y plazo para las compañías del sector, según Apecyl, sobre todo por parte de los pequeños y medianos promotores.
Una situación, que la asociación califica de “incomprensible”, porque puede repercutir en los puestos de trabajo que ocupa el ámbito de las energías renovables y los de las industrias ligadas al mismo, máxime en la actual coyuntura económica del país y cuando se trata de un sector que “estaba contribuyendo a combatir la crisis y que sirve de referencia a las administraciones públicas como modelo económico a seguir”.
Para Apecyl los nuevos requisitos establecidos suponen una “modificación sustancial de las reglas de juego” con las que el sector estaba trabajando, con las que se estaban llevando a cabo “cuantiosas” inversiones y con las que podrían alcanzarse los objetivos de desarrollo de las energías renovables que públicamente se habían manifestado desde el Ejecutivo.Apecyl considera que esta decisión “frena en seco” el desarrollo de las energías renovables y su contribución al avance social y económico del territorio en el que se llevan a cabo proyectos.