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UGT acusa a Educación de las “irregularidades”
Pide el sobreseimiento del expediente a los dos profesores
Los afectados se reunirán en La Bañeza el próximo martes. L.A. ORIA
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Laura A. Oria / La Bañeza
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha denunciado públicamente que “la responsabilidad clara y evidente” de lo ocurrido en el centro privado de formación profesional Tierras de La Bañeza, en el que presuntamente se concedieron matrículas a 110 personas más de las permitidas, corresponde “a la administración educativa y los servicios de inspección de León”, es decir, a la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Defienden que “hace tres años desde el I.E.S. Vía de la Plata –centro público al que está adscrito la academia de titularidad privada y que tiene la potestad de expedir los títulos– se denunciaron irregularidades por parte de Tierras de La Bañeza. Por ello, consideran que “deberían haber hecho un seguimiento del centro y no haber llegado a esto”. Del mismo modo, aseguran que la denuncia “fue realizada ante el Juzgado por un alumno”, negando así la afirmación de la Dirección Provincial según la cual el procedimiento judicial comenzó tras encontrar irregularidades mediante una inspección ordinaria.
Ello ha dado lugar a la apertura de un expediente disciplinario al director y al secretario del Vía de la Plata, una situación que “no entendemos y a la que no se le encuentra ninguna lógica”, criticando a su vez que “no se está realizando una instrucción adecuada de dicho expediente” ya que “la inspectora es de la misma provincia, lo cual no había ocurrido nunca” y se ha vuelto a abrir tras ser paralizado en el momento que el asunto llegó a la Fiscalía. Defienden que “ellos no son los responsables, sino la administración educativa a través de su inspección” y por ello “pedimos el sobreseimiento del caso ya que está creando un grave perjuicio para estas personas cuando entendemos que no son los responsables”, recayendo esta responsabilidad, según UGT, en la academia privada y en la Consejería.
Así mismo, mostraron su oposición desde el principio “a la privatización de la FP reglada” entendiendo que “esos estudios se deben impartir desde centros públicos” y subrayando que“ahora vemos que el tiempo nos está dando la razón”.