ICAL / Valldolid
El Consejo Consultivo de Castilla y León considera necesaria una modificación de su norma reguladora encaminada a que pueda elaborar informes que solicite la Junta, que carecerían en su tramitación de la “rigidez y el formalismo procedimental que requieren los dictámenes”. En este sentido, el órgano celebró el pasado 5 de mayo un Pleno extraordinario para aprobar una Ponencia Especial sobre la modificación de la Ley 1/2002, de 9 de abril, Reguladora del Consejo Consultivo.
El pleno, cuya celebración coincidió con la fecha del fin del primer mandato de la institución -seis años transcurridos desde la toma de posesión de sus consejeros electivos-, consideró que la “mejor forma” de finalizar este periodo, era proponer una serie de modificaciones “concretas y singulares” en su Ley Reguladora. Unos cambios encaminados a la “mejora de su funcionamiento” y que “están en la línea de la normativa del resto de los consejos consultivos, así como de la experiencia adquirida en estos años”. Asimismo, las modificaciones planteadas, como informó a Ical el Consejo, “están en la línea de la tendencia actual del Consejo de Estado”.
“La modificación de la Ley Reguladora, como se ha expuesto, pretende revisar aquellos aspectos puntuales de la regulación que la experiencia del funcionamiento durante estos seis años aconseja llevar a cabo y además tiene en cuenta la reciente reforma del Estatuto de Autonomía”, señalaron fuentes de la institución, “superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”, que además sustituye y cumple con las funciones que desarrollaba el Consejo de Estado.
La propuesta se trasladó, en un primer momento y como establece la Ley Reguladora del Consejo, al presidente de la Junta, por el Pleno de la institución consultiva, el pasado 2 de abril con ocasión de la entrega de la Memoria de 2008. Sin embargo, la reforma requiere que se apruebe una proposición de ley consensuada por todos los grupos parlamentarios, de la misma manera en que fue votada en su día la Ley Reguladora del Consejo Consultivo.
Otra de las propuestas de reforma estará en los expedientes de responsabilidad patrimonial que recibe el Consejo, en los que se establecería una cuantía mínima, y con ese filtro este trabajo no sería una “rutina y una perdida de tiempo” para los letrados de la institución. Algunos de esos expedientes recogen hasta un euro en la reclamación patrimonial, según explicaron fuentes del Consejo.
Por otra parte, en la sesión plenaria extraordinaria del Consejo, también se dio cuenta del final del mandato de los consejeros que, sin perjuicio de su posible reelección, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se produzca la designación de sus sustitutos. Así, la institución continuará con plena normalidad desarrollando las funciones que tiene encomendadas, que son las de “velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y demás normas del ordenamiento jurídico”. No obstante, el Consejo acordó poner en conocimiento de los presidentes de la Junta y de las Cortes el vencimiento de este primer mandato a los efectos oportunos.
Actividad en seis años
La actividad del Consejo en los seis años de su primer mandato se refleja en los 5.863 dictámenes aprobados desde el inicio de la función consultiva hasta el pasado 5 de mayo, con una media de 1.180 al año. El 88,9 por ciento de los dictámenes aprobados en este periodo (5.213) derivaron de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de ciudadanos ante las distintas administraciones por el normal o anormal funcionamiento de éstas. Le siguieron con el 2,58 por ciento los dictámenes sobre consultas de revisiones de oficio de los actos administrativos (151); los relativos a reglamentos ejecutivos, 2,46 por ciento (144); los correspondientes a recursos administrativos, 1,48 por ciento (87); los de contratación administrativa, 1,47 por ciento (86); los referidos a anteproyectos de Ley, 0,97 por ciento (57), y los de modificación de los planes urbanísticos, 0,82 por ciento (48).
En menor número, también cabe hacer referencia a los dictámenes sobre proyectos de legislación delegada (cuatro); a los referentes a consultas sobre recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia (nueve); a los convenios y acuerdos de cooperación (once); a las transacciones y sometimiento a arbitraje (nueve), a los informes sobre concesiones administrativas (cuatro); o a los relativos al régimen local (26).
El Consejo Consultivo también ha aprobado en este periodo 14 dictámenes sobre consultas facultativas, que supusieron el 0,24 por ciento del total. Una de éstas fue la relativa a la consulta sobre el Proyecto de Reforma de la Ley de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fue formulada a solicitud del presidente de la Junta.
La institución destacó que en este periodo se ha intentado acercar la función consultiva a los ciudadanos y a las administraciones consultantes con una “importante y decidida labor de carácter pedagógico”. Con este objetivo se han celebrado plenos y reuniones de las secciones en todas las capitales de provincia de la Comunidad y en algunas de las ciudades más importantes de la misma. “De manera especial” durante este último año y medio, bajo la presidencia de Mario Amilivia González, en que se han celebrado plenos y reuniones de secciones en siete capitales de provincia y en la ciudad de Ponferrada.
Por último, cabe destacar que están a punto de concluir las excavaciones arqueológicas en el solar donde se construirá la sede del Consejo Consultivo, un nuevo edificio obra del equipo del arquitecto Alberto Campo Baeza, tecnológicamente muy moderno aunque perfectamente integrado en el entorno. “Un edificio que será emblemático para Zamora y toda Castilla y León”.
