La Unión Europea destina el cuarenta y tres por ciento de su presupuesto a apoyar la renta de once millones de familias agroganaderas. Este esfuerzo hacia el agro, que aparentemente puede parecer elevado, no lo es tanto si tenemos en cuenta que la política agrícola es la única que se gestiona íntegramente con presupuesto comunitario y que con todo el apoyo apenas representa el 0,5 por ciento del PIB. Si la defensa fuese una política gestionada íntegramente por la Unión en vez de por los países soberanos, el coste sería seis veces lo que hoy se destina a la PAC.
Europa apostó en su día por una política agrícola común que ha resultado todo un éxito. Con ella se ha conseguido el autoabastecimiento de alimentos, estamos en condiciones de exportar productos a otros países, tenemos a nuestro alcance los alimentos de más alta calidad y seguridad sanitaria a precios asequibles, y todo esto se ha conseguido preservando el medio ambiente y vertebrando el territorio. Estamos lejos de una equiparación de rentas y tampoco la PAC ha sido capaz de frenar la sangría de activos que cada año deja el campo.
Los eurodiputados que saldrán elegidos en los comicios del 7 de junio tendrán la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la agricultura y la ganadería más allá del año 2013. Se tiene que decidir sobre los fondos que se van a destinar al campo y sobre la forma y manera de gestionarlos eficazmente para conseguir los objetivos. Espero que los principios que inspiraron la PAC sigan vigentes en la mente de los legisladores que tengan la responsabilidad de decidir sobre nuestro futuro. Me refiero particularmente a principios tan elementales como el de preferencia comunitaria o el de la seguridad alimentaria. Europa tiene que seguir apostando por un modelo de agricultura competitivo, sostenible, que respete la biodiversidad, que responda a nuevos retos como el de las energías limpias, que busque la creación de empleo, que vertebre el medio rural y que responda al reto económico y humanitario de dar de comer a una población mundial creciente y a los cientos de millones de individuos que pasan hambre y se mueren por no tener reconocido un derecho tan elemental como es el de poder alimentarse.
José Antonio Turrado es secretario general de Asaja de Castilla y León
