ABC.es/Gabriel Sanz / Madrid
Prosiguen las discrepancias dentro del Gobierno y el PSOE en torno a la reforma legal que posibilitará a una menor abortar sin conocimiento previo de sus padres. Ayer, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, contradijo al presidente del Gobierno, que defiende la no consulta a los progenitores porque es una decisión que la mujer debe tomar «sin interferencias».
Aparentemente, las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, el martes, iban a zanjar la disensión interna, pero no han hecho sino encresparla. Ayer, Gabilondo y el «número dos» de la candidatura europea, Ramón Jáuregui, reabrieron el debate. Se alinean con lo que ya han dicho los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, José María Barreda y Guillermo Fernández Vara, o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es lo mismo que piensan varios diputados, eso sí, en privado: durante la tramitación parlamentaria de la ley hay que garantizar que la madre y/o el padre, o algún familiar directo, tenga conocimiento de la operación.
A juicio del ministro de Educación, es «muy importante» que ante una decisión vital tan trascendente, una chica de 16 ó 17 años «tenga cerca a alguna persona mayor». Entre otras razones, apostilló el martes un veterano diputado a ABC, porque si surgen complicaciones durante la intervención quirúrgica, los médicos deben saber a quién avisar y esa persona no puede ser una amiga, sin capacidad legal sobre la paciente.
Gabilondo, diplomáticamente, no quiso sumarse a las reflexiones que había hecho su colega de gabinete, Bibiana Aído, el día anterior al señalar que un feto de 13 semanas «no es un ser humano». Apelando a su condición de catedrático de Metafísica, el ministro se salió por la tangente: «Necesitaría un buen rato para decidir qué es un ser humano». Jáuregui, por su parte, cree que se introducirán cambios en la ley para garantizar que los padres tendrán conocimiento previo. Algo que no parece tener claro el portavoz en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, porque comentó que, aunque es «de sentido común» que los padres deben estar informados, la ley no puede regular «el conocimiento» tras eliminar el «consentimiento» paterno.
¿Debate o no debate?
El diputado extremeño Francisco Fernández Marugán reconoció abiertamente que en el seno del PSOE hay un debate abierto entre quienes quieren que los padres sean informados de alguna manera y quienes optan porque el anteproyecto de ley siga tal y como lo ha aprobado el Ejecutivo. En lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas es en considerar un «error» las palabras de la ministra sobre el ser humano, porque han venido a reabrir un debate que los socialistas dan por cerrado hace 25 años, el del derecho al aborto, y con ello ha dado «munición» al PP.
Por eso, casi al tiempo en que Marugán reconocía el debate abierto y apuntaba a que eso no debe crear «ningún tipo de problema» al PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, intentaba, sin éxito, zanjarlo un día más: «Nada, no hay discrepancias». «No voy a hacer declaraciones, de verdad -recalcó-. No voy a hablar. Vengo a saludaros, Sois muy amables, hacéis vuestro trabajo maravillosamente bien, pero yo no voy a hacer declaraciones».
Terció en el debate la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, para manifestar que está «de acuerdo» con el presidente en que se deben evitar «interferencias determinantes» que hagan de la reforma legal papel mojado. Quienes defienden esta posición temen que, al obligar a las menores a contárselo a sus padres, renuncien a hacerlo y vayan al aborto clandestino, «como ocurre ahora».
Estos sectores reconocen que el debate les ha sorprendido por su virulencia en el seno del partido y, en gran medida, de la sociedad en su conjunto, y creen que hace explicarlo mejor. Un destacado diputado socialista admitía a ABC que lo suyo sería convocar una reunión de los parlamentarios para consensuar una posición de cara a la sociedad, pero teme que ya sea tarde porque lo que allí se dijera sería retransmitido por los medios de comunicación.
Diputados del PP manifestaron a Ep su convencimiento de que esa polémica es una «trampa» del Gobierno para que las críticas a la nueva norma «se centren en ese aspecto», que el Ejecutivo socialista «acabará retirando para lanzarlo como argumento contra los que se oponen a la reforma». Así, el vicepresidente tercero del Congreso, Jorge Fernández Díaz, afirmó que el Ejecutivo «puede estar utilizando el apartado de las menores como cebo».
