La decisión del equipo de gobierno es irreversible
Una treintena de colectivos convocó la segunda manifestación contra la semiprivatización del servicio de Aguas. SECUNDINO PÉREZ
Elena F. Gordón / León
Alrededor de 3.000 personas se manifestaron ayer por las calles de León para expresar su rechazo a la semiprivatización del servicio de Aguas, medida que el equipo de gobierno ha definido como imprescindible para sostener la operación financiera que permitirá el pago de 70 millones de euros de la deuda municipal con los proveedores. Dos meses y medio después de la primera marcha, que fue tildada de “fracaso” por el alcalde de la ciudad, Francisco Fernández, 29 colectivos, entre asociaciones vecinales, partidos políticos y agrupaciones conservacionistas y sindicales, volvieron a criticar la medida y a reclamar un referéndum para que se conozca la opinión de los vecinos.
En esta ocasión, la presencia de los comerciantes del rastro y los vecinos de Puente Castro incrementó el número de asistentes, entre los que también se encontraban los habitantes de la Inmaculada y Cantamilanos, que rechazan las antenas en sus barrios.
La manifestación partió, como la primera, de la plaza de Guzmán, en esta ocasión con unatemperatura mucho más agradable. La cita congregó una vez más a rostros conocidos como los secretarios provinciales de UGT y CCOO, el secretario provincial de Izquierda Unida y varios concejales del PP. También se notó más que entonces la participación de las asociaciones de vecinos, cuya presidenta, Ángeles González fue la encargada de leer el manifiesto final, en el que se expresó la “rotunda oposición a una decisión que no supondrá ningún beneficio para la ciudad”.
La venta del 49% de las acciones del servicio fue aprobada en Pleno el pasado 18 de abril con el compromiso del equipo de gobierno de que el recibo del agua no subirá en dos años y después sólo podrá aumentar un punto más que el IPC.
A pesar de justificar la decisión en la necesidad de disponer de ingresos que permitan la operación de ‘factoring confirming’, el equipo de gobierno también considera que la semiprivatización va a suponer un funcionamiento más eficaz del servicio, a lo que se sumarán inversiones para mejorar y modernizar la red. Estos argumentos no convencen a los convocantes, que además contestaron a las sugerencias del alcalde de que los funcionarios de aguas no querrían cobrar con ideología. “Si él y su equipo cobrasen con ideología, se garantizaría ser alcalde para siempre”, propusieron.