ICAL / Valladolid
Tres de cada cuatro personas de Castilla y León a las que les corresponde la prestación por dependencia, es decir, un total de 26.243 de 34.948, ya la tienen concedida, lo que sitúa a la región 15 puntos por encima de la media nacional, situada en el 60 por ciento (391.349), según desveló hoy el consejero de Familia y Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien asistió en Valladolid a una reunión del Observatorio de la Dependencia, organizada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que se explicó el sistema de aplicación de la Ley en la Comunidad.
Antón recordó que en abril del pasado año, tras un año con la norma puesta en marcha, sólo una tercera parte de las prestaciones eran de carácter específico, es decir, que ya la recibían, mientras que en la actualidad, este tipo de ayuda alcanza el 75 por ciento, 15 puntos por encima de la media nacional. El consejero explicó que Castilla y León ocupa en la actualidad el sexto lugar de España en cuando al número de solicitudes de prestación por dependencia, hasta alcanzar las 51,775, lo que representa el 5,5 por ciento del total nacional, donde la cifra crece hasta las 932.010 solicitudes. Según Antón, el número de solicitudes, a fecha 30 de abril, supone el registro de más de 2.500 solicitudes mensuales en la región.
Además, añadió que en abril de 2008, el porcentaje de valoraciones sobre solicitudes en Castilla y León fue del 87 por ciento, cifra que se incrementó hasta el 96,3 por ciento en el mismo mes de 2009 (en total, 49.903), frente al 89,1 por ciento nacional (con 831.303 solicitudes ya valoradas). Es por ello que la Comunidad se sitúa siete puntos por encima de la media española en este aspecto, algo destacado por el consejero.
En cuanto a las resoluciones, las primeras que se produjeron en la región tuvieron lugar en octubre de 2007, dentro del plazo establecido (seis meses desde abril, cuando se aprobó el baremo). De hecho, en abril del pasado año, el porcentaje de dictámenes sobre solicitudes fue del 39 por ciento, algo que aumentó hasta el 88 por ciento hace 20 días con un total de 45.735. La media nacional fue del 86 por ciento con 803.842 solicitudes resueltas. Al respecto, Castilla y León se situó con datos similares a los de España, aunque dos puntos por encima.
De las resoluciones confirmadas, más de la mitad, el 55,9 por ciento, son de grado III, con 25.100; seguidas de las de grado II, con 9.848 solicitudes resueltas que significan algo más de una quinta parte (el 21,9 por ciento). Ambas son las que tienen asegurada la percepción de la prestación debido a su situación más compleja por diferentes criterios; seguidamente se encuentran las de grado I, con 6.165 resoluciones (el 12,6 por ciento); y las de grado 0, con 4.622 (el 9,5 por ciento).
Perfil de los dependientes
El sexo femenino domina las prestaciones por dependencia en términos generales. Así, en las ya concedidas, siete de cada diez (71,7 por ciento) pertenecen a mujeres, mientras que en las que están resueltas, el índice disminuye ligeramente, hasta el 63,6 por ciento, el mismo porcentaje que en los solicitantes.
Los números son similares a la hora de diferenciar el medio urbano del rural, algo que según manifestó Antón “es importante en Castilla y León”. De este modo, de las prestaciones concedidas, dos terceras partes (67,1 por ciento) son de municipios pequeños, algo que denota que en el medio rural vive mayor porcentaje de gente mayor que en el urbano y que aún se remarca más si se tienen en cuenta los datos de población general de la Comunidad, en los que se aprecia que la mitad de los castellanos y leoneses residen en el medio urbano y el resto, en el rural.
Financiación
El consejero también señaló que en la reunión mantenida hoy se puso de manifiesto que es necesaria una mayor financiación de la dependencia por parte del Estado. Al respecto, recordó que, tras la negociación de la misma en estos últimos años, se implantó un nivel mínimo de ingresos garantizado por la Administración General del Estado y otro acordado. El primero de ellos supondrá para Castilla y León en 2009 alrededor de 77 millones de euros, que sumado a los 41 de los dos años anteriores, con el presupuesto ya cerrado, significa que el acumulado alcanza los 118 millones de euros, el 8,15 por ciento del importe nacional mínimo.
La otra parte, la acordada, se argumentó durante 2007 y 2008 en función de diferentes criterios de reparto, como la población, la dispersión y la superficie, aspectos que para la negociación de 2009 desaparecen. Este factor fue duramente criticado por César Antón, quien reivindicó al Estado que se mantengan esos criterios y la situación diferente de cada comunidad en el reparto de la financiación para este servicio, ya que una gran parte de estos fondos llegarán a la Comunidad en relación a los beneficiados con derecho a prestación sin diferenciar el coste de los servicios, “y no es lo mismo prestar este servicio en Castilla y León, con las dificultades que ellos conlleva, que en una región con otras características”. De este modo, pidió que la Comunidad recibe, de nuevo, en torno al 8,3 por ciento del total designado para la parte acordada de la financiación, ya que de no aplicarse, se reduciría hasta el 7,8 por ciento, es decir, alrededor de 1,4 millones menos, según denunció el consejero.
Por otro lado, Antón se refirió también a la aportación de la Administración General del Estado por persona dependiente al mes, cifra que asciende hasta los 205,13 euros, cuando el coste mensual se estima en 1.324 euros, por lo que es la Comunidad la que aporta la mayor parte, con el 61 por ciento del total, la AGE el 20, y el beneficiado el resto. Al respecto, lamentó que haya tanta diferencia entre un gran dependiente y otro con dependencia severa, ya que en muchos casos ambos reciben los mismos o similares servicios, como la prevención y promoción de autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o noche o atención residencial, entre otros.
