Castilla y León obtiene un notable alto en el desarrollo de la Ley

El Observatorio para el Desarrollo de la Ley de Dependencia escogió Castilla y León para celebrar su tercera reunión. ICAL

Ical / Valladolid
Castilla y León es la Comunidad que mejor está desarrollando la implantación de la Ley de la Dependencia, según el análisis efectuado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que le otorga un notable alto –un 8,5 sobre diez–, la calificación más alta del conjunto de las autonomías. Así lo manifestó el presidente de esta Asociación, José Manuel Ramírez, durante la presentación de las conclusiones del III Observatorio para el desarrollo de la norma, que se celebró durante dos días en Valladolid.
En estas dos jornadas se valoraron una serie de ‘buenas prácticas’ presentadas por los representantes de las autonomías, de las cuales seis se decidieron incorporar a las conclusiones y, de ellas, cuatro eran aportaciones del Gobierno de Castilla y León. Ramírez explicó que se han valorado medidas adoptadas por Castilla y León como la figura del coordinador de casos, el sistema de información a personas y profesionales, la resolución única de trámite y la valoración de los inmovilizados.
Las conclusiones del encuentro, que se editarán en un libro que verá la luz antes de julio, recogerán estas propuestas, al tiempo de que en junio se presentará el nuevo dictamen del Observatorio, donde quedará reflejada esa nota del 8,5 de Castilla y León, 0,5 puntos más que en el anterior documento, publicado en el mes de diciembre de 2008. Esta calificación, explicó, se obtuvo en la valoración de diez ítems y la media nacional fue de cerca del 5,98 por ciento, dado que restan algunas valoraciones de algunas comunidades.
El presidente de la Asociación aseguró que el éxito del modelo de aplicación de Castilla y León radica en que cuenta con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, al tiempo que está integrado en los servicios sociales de la comunidad autónoma. “La Junta no tendría esta nota sin la ayuda de los ayuntamientos y las diputaciones”, remarcó.
El punto y medio que le queda a la Comunidad para alcanzar la máxima puntuación se justifica en dos aspectos. El primero de ellos (0,5 puntos), el hecho de que todavía no se cuente con una nueva Ley de Servicios Sociales y el segundo se debe a que por la dispersión geográfica el equilibrio entre prestación económica y centros y servicios “es difícil de mantener”, porque en algunas ocasiones es “inviable sostener económicamente” centros en ciertos entornos rurales.
Para elaborar estas conclusiones, señaló José Ramírez, se analizaron las buenas prácticas que para incorporarse al libro que editará la Asociación debían contemplar dos condiciones sine quanum como que esa buena práctica tuviera como centro las personas y que contribuyese a la consolidación del sistema de servicios sociales. Además, entre los cinco criterios señaló que estuviera inserta en una estructura global, que fuera innovadora, exportable y medible.
La gerente de Servicios Sociales de la Junta, Milagros Marcos, que fue quien clausuró las jornadas, valoró y mostró su orgullo por la puntuación obtenida por Castilla y León, si bien reconoció que quien tiene que estar contenta es la sociedad porque existe garantía en cuanto a los profesionales y en cuanto a que hay un Gobierno autonómico que “intenta hacer las cosas lo mejor posible” para que el tiempo entre solicitud y reconocimiento de la dependencia sea el menor posible.
“Lo importante del modelo de Castilla y León es que garantiza que los servicios sociales son más que dependencia, que está integrada con normalidad en los mismos y con más recursos humanos y un mapa ordenador de nuevas plazas”, recalcó Milagros Marcos. La gerente valoró el hecho de comparar unas autonomías con otras para “seguir trabajando en beneficio de las personas dependientes”.