Con el permiso del Gobierno me voy a apropiar del término de los ‘brotes verdes’, pero en mi caso para utilizarlo en sentido literal y no metafórico. Dentro de menos de diez días, toda la parte agrícola de la provincia a la margen izquierda del río Esla, que no se riega, se habrá convertido en un inmenso campo con aspecto de rastrojera donde será difícil encontrar un atisbo de brote verde. La sequía primaveral, de las más duras que se recuerdan en las últimas décadas, junto a un invierno también escaso en precipitaciones si exceptuamos las fuertes nevadas en las montañas, ha dado al traste con las expectativas de cosecha de cereales y forrajes, cultivos mayoritarios en las comarcas de Sahagún y Esla Campos.
No es culpa del Gobierno que ahora, como ya pasaba en tiempos de la dictadura, en nuestra provincia tengamos que padecer años o ciclos de pertinaz sequía. De lo que sí es culpable el Gobierno es de no poner en marcha medidas de política agraria que eviten los efectos de la climatología adversa en los cultivos y en las rentas de los agricultores. Porque si desde que se cerró la presa de Riaño hace ya casi veinticinco años, se hubiese actuado con diligencia para hacer las infraestructuras de regadío, hoy habría en la comarca de Sahagún unas cuarenta mil hectáreas de regadío salvadas de la sequía y con unas producciones que a nivel global compensarían toda la pérdida de cosecha provincial en la agricultura de secano. Por tanto, el Gobierno no es responsable de la sequía pero sí lo es de que el sector no tenga en su mano instrumentos para defenderse de ella y siga dependiendo, además de los caprichos del mercado, también de los caprichos de la naturaleza.
En otras comarcas no ha sido posible, ni lo será en un futuro, acometer infraestructuras de regadío. Lo que demandan los agricultores de estas zonas condenadas de por vida a hacer una agricultura de secano, son seguros agrarios que de verdad garanticen una compensación de rentas los años de malas cosechas. Y es que el seguro agrario, ideado en nuestro país en los primeros gobiernos de la democracia, sigue teniendo mucha letra pequeña, es caro y no se adapta en muchos casos a la realidad productiva de nuestro campo. Si los agricultores no suscriben el seguro agrario no es porque se la quieran jugar a una carta, es porque cuando suscriben el seguro hacen un importante desembolso económico que no garantiza que estén protegidos ante las inclemencias climatológicas.
José Antonio Turrado es secretario general de Asaja de Castilla y León
