La consejera de Hacienda anunció que la Junta tendrá que reducir este año su presupuesto y que será la primera vez en la historia de la institución. Sólo cabe decir que esta decisión ya debería haberse tomado el pasado año, para no encontrarnos ahora con que el presupuesto actual se ha quedado en papel mojado, como denunciamos en reiteradas ocasiones, acumulando un abultado déficit. El Gobierno, las administraciones autonómicas y las locales incrementaron casi sin excepción el pasado año sus presupuestos en torno a un 3%. Algo que resultaba absolutamente disparatado con las previsiones de crecimiento que ya se tenían sobre la mesa, que eran claramente negativas. El resultado se verá en diciembre, cuando se compruebe que no se han invertido cientos de millones presupuestados, simplemente porque ese dinero no ha llegado vía ingresos, al reducirse drásticamente lo recaudado por impuestos y lo que ha llegado ha sido vía endeudamiento. Todas las administraciones han de superar de una vez las caducas trabas burocráticas que, al parecer les impiden trabajar con presupuestos reales. Los políticos carecen de experiencia (de ahí lo de histórico de la bajada) para presentar a sus votantes un presupuesto a la baja. No se atreven a afirmar que se reducirán las inversiones y menos aún a recortar el gasto de funcionarios ni de instalaciones, con lo cual inflan artificialmente las partidas de ingresos para que todo cuadre. Sobre las administraciones públicas y los políticos ha recaído el peso de la recuperación económica en España y en el mundo tras el fracaso del mercado ultraliberalizado. El peligro está que no sean capaces de demostrar que son más honestos y mejores gestores sin tener que recurrir sólo al endeudamiento de las generaciones futuras.
