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Hasta 40.000 beneficiarios de la futura renta básica
Parados sin subsidios, jubilados y personas sin recursos, los perceptores
Los jubilados con pensiones mínimas serán los mayores beneficiarios de la nueva renta a la ciudadanía. M. MARCOS
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L.C. / León
La nueva renta garantizada de ciudadanía , un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía, y cuyo acuerdo ya se ha firmado entre sindicatos y el Gobierno Autonómico podría beneficiar en León hasta 40.000 personas.
Según el borrador de estas nuevas ayudas que obra en manos de los sindicatos y que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quiere poner en marcha el próximo 31 de julio, los beneficiarios de esta renta serían los parados que hayan agotado todas las prestaciones por desempleo, las personas perceptoras de pensiones contributivas y no contributivas y aquellos que no dispongan de los ingresos necesarios para ejercer sus derechos sociales básicos y, por lo tanto, corran peligro de exclusión social.Todas las personas de estos grupos que no superen el límite de renta garantizada establecida, fijada por persona en 580, podrán ser perceptores de la nueva renta.
Según los propios cálculos de las administraciones y los agentes sociales, en la actualidad el 40% de las personas desempleadas en la Comunidad Autónoma no percibe ninguna prestación por desempleo, en León más de 12.500. A lo que habría que sumar que alrededor de 80.000 personas cobran pensiones inferiores al 100% del Indicador de Rentas Múltiples (Iprem). Un grupo poblacional que también afecta notablemente a León, que lidera el número de pensiones contributivas de la Comunidad con más de 140.000, muchas de ellas por debajo del nivel de renta mínima fijado para poder beneficiarse de la renta a la ciudadanía. A estas pensiones se unen las no contributivas, mucho menos numerosas pero que en la práctica totalidad de los casos se encuentran por debajo del límitefijado.
Además, el 24,7% de los hogares de Castilla y León están por debajo del umbral de pobreza es decir, menos de 9.000 euros anuales por hogar. El mismo documento recoge que el 4% de estos hogares percibe menos de 500 euros mensuales.
Asimismo, se recoge que la renta garantizada de ciudadanía quede fijada en un mínimo del 110% del Iprem, es decir 580 euros o un máximo del 175% del mismo indicador, en función del número de miembros de la unidad familiar en el presente año, que en unas ocasiones será percibida íntegramente y en otras será el umbral para complementar otras prestaciones más bajas que ya están percibiendo en la actualidad.
Así, las cuantías que se recogenserían para una persona, 580 euros. Mientras que para unidades familiares llegaría a los 711 euros para dos personas; 790 euros para tres personas y 922 euros para cuatro personas o más, lo que supondría el 175% del Iprem y el límite de ayudas de la nueva renta.
Unidades familiares
En este sentido, se considera a efectos de renta garantizada de ciudadanía las unidades de convivencia o familiares constituidas por una sola persona que viva de manera autónoma o independiente. La unidad formada por dos o más personas que convivan en la misma vivienda cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, así como por adopción o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.
Por último, las unidades formadas por dos o más personas que convivan en el mismo hogar sin ninguna relación de parentesco entre ellas.
Otro de los múltiples requisitos que se deberán cumplir es que cualquier perceptor de la renta garantizada de ciudadanía tiene el derecho y la obligación de participar en los itinerarios de inserción social y laboral que se establezcan.
Con respecto a la duración se recoge que como criterio general la percepción de la renta durará mientras siga vigente la problemática económica o las condiciones que han dado lugar a que se perciba esta renta. Esto quiere decir que en el caso de las pensiones, y si no se producen subidas excesivas, muchos pensionistas recibirían de manera indefinida esta ayuda para complementar su pensión.
El secretario general de UGT en León, Arturo Fernández, destaca que esta nueva renta es fruto del acuerdo del Diálogo Social y un paso importante “para sacar a muchas de las personas de la exclusión social”. También consideró que es una medida que beneficiará notablemente a la provincia de León, con un número considerable de pensionistas, el mayor de la Comunidad, con rentas que no llegan al mínimo.