Castilla y León quiere estar en todos los frentes para asegurarse una buena financiación autonómica. Ayer se sumó al de las comunidades con el estatuto recién reformado, como son Andalucía, Cataluña, Baleares, Aragón y Valencia para exigir al Gobierno que se resuelva cuanto antes este acuerdo, ya aplazado hace más de un año. La comunidad mantiene sin embargo el acuerdo logrado con Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias para reivindicar que no sólo se prime la población, sino que se priorice también el envejecimiento y la dispersión, de ahí que lo esencial del acuerdo de ayer fuera que haya transparencia, que no se discrimine y, sobre todo, no haya privilegios. El acuerdo de financiación autonómica es en estos momentos el desafío político mayor que tiene el Gobierno de Zapatero, porque lleva demasiado retraso y es indispensable para que tanto el Gobierno como las comunidades puedan elaborar de cara a 2010 un presupuesto creíble para luchar contra la crisis económica. El mapa autonómico actual y sus distinto niveles de competencias resultaba muy cómodo en tiempos de bonanza económica, puesto que permitía el juego político de la descentralización, el acercamiento de la administración a los ciudadanos y el resurgimiento del espíritu nacionalista en muchos que se consideraban discriminados históricamente. La crisis económica ha puesto en duda el modelo puesto que, lo mismo que ocurre en todo el mundo, la coordinación de políticas estatales de inversiones está demostrando que es mucho más efectiva en países con mayor centralismo. La única posibilidad para evitar un retroceso autonómico es que todos sean capaces de llegar a un consenso en la ley de financiación.
