La actual crisis, que ha llegado para quedarse entre nosotros durante muchos años, no sólo obligará a reestructurar el sistema financiero, sino que debería provocar cambios también profundos en la gestión de todas las administraciones españolas. La creación de un órgano representativo de todas las diputaciones de la autonomía de Castilla y León ayer en esta ciudad puso de manifiesto el verdadero problema de financiación que estas instituciones deberán afrontar en los próximos años, en los que los ingresos disminuirán cada vez más, hasta el punto de que no podrán asumir todas las competencias y servicios que hasta este momento se tenían asignado. El ejemplo de la Diputación de León es significativo. Hasta esta legislatura la Diputación ha ido acaparando y reclamando competencias, como han hecho muchos ayuntamientos, muchas de ellas impropias, con el agravante de que desde León siempre se ha jugado a constituir en el Palacio de los Guzmanes un poder paralelo y alternativo al ‘centralismo de la Junta’. Mientras los presupuestos crecían cada año todo iba sobre ruedas, pero ahora la fiesta se ha acabado. Desde la llegada de Carrasco, se acabaron los coqueteos con el leonesismo y el jugar a un poder alternativo, que implicaba inversiones de escaparate en la capital. También por primera vez la Junta se verá obligada a asumir muchas de las competencias impropias. Los presupuestos recortados no dan ya más que para atender a las necesidades de los municipios de la provincia y ahora es la pervivencia de la institución la que está en juego, amenazada por un poder cada vez mayor de las autonomías y de los ayuntamientos. Si no se regulan a nivel nacional las competencias la financiación, está claro que sobran administraciones y las diputaciones tienen las de perder.
