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León recibirá entre 23 y 31 millones al privatizar el agua
La adjudicataria prestará servicio desde principios de 2010 y hasta 2035
Javier Chamorro y Natalia Rodríguez Picallo en su comparecencia de ayer en el Ayuntamiento. MAURICIO PEÑA
Elena F. Gordón / León
El agitado proceso de semiprivatización del agua en León dará este viernes un nuevo y definitivo paso con la aprobación, en sesión plenaria, de los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de la operación y la resolución de las alegaciones presentadas. La portavoz del grupo municipal socialista y encargada de la comisión que gestiona la operación, Natalia Rodríguez Picallo, adelantaba ayer que la empresa que resulte adjudicataria del concurso que se convocará de forma inminente deberá pagar entre tres y seis millones de euros por conseguir el contrato y entre 20 y 25 como canon de explotación. Además entregará el 2% de la facturación anual y establecerá un precio especial para el consumo municipal. Está previsto que a principios del próximo año ya se aplique la nueva gestión.
Las condiciones del contrato también establecerán la creación de una Fundación a la que la adjudicataria deberá aportar 500.000 euros durante cuatro años para la organización de actividades sociales, medioambientales, deportivas y culturales.
El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Mixta que conformará con la empresa que gane el concurso -con un capital social inicial de cinco millones de euros-, será partícipe porcentualmente de los beneficios que se puedan obtener de la explotación del servicio y también de la devolución progresiva del canon, a razón de un millón de euros al año, de los que a las arcas municipales corresponderán el 51%.
Rodríguez Picallo recordó que la venta del 49% del servicio de Aguas responde a la necesidad del Ayuntamiento de obtener una “inyección económica”, imprescindible por ejemplo para conseguir la operación financiera de ‘confirming’ por importe de 70 millones de euros que necesita para hacer frente a diversos pagos. Además, la edil aseguró que la decisión, que tildó de “responsable, que había que tomar” responde también a la conveniencia de “abrir las puertas a un socio tecnológico”siempre, subrayó, “bajo el paraguas del control público del agua”. Natalia Rodríguez comentó algunas de las exigencias que se plantean a la adjudicataria como la obligación de elaborar planes de explotación y control del agua potable, gestión y lectura de contadores, plan director con obras nuevas, control de las fugas y estudio de optimización de los consumos municipales, por ejemplo con el empleo de agua no potable para determinados usos.
Sobre a las alegaciones presentadas, la edil explicó que fueron un total de 18, de las cuales ocho eran repetidas. Se han estimado dos presentadas por un particular, que afectan a cuestiones formales. El adjudicatario del servicio ocupará las dependencias municipales de la calle Fajeros, por las que pagará un alquiler, durante un año y posteriormente buscará un emplazamiento propio.