El colectivo de trabajadores autónomos, o de empresarios autónomos, o de ‘emprendedores’, como gustaba a la propaganda oficial denominarlos en tiempos de bonanza económica, es hoy el más desprotegido en el sistema social español. La crisis económica ha obligado a estas personas a echar el cierre de sus negocios, arrojándoles al colectivo del paro, pero sin el colchón que tienen los trabajadores por cuenta ajena durante los primeros meses o años de desempleo. El Gobierno central y prácticamente todos los autonómicos se han comprometido a poner solución a esta injusticia. El ministro de Justicia ha presentado un primer plan por el que los autónomos tendrán derecho a un máximo de seis meses de desempleo por tres años cotizados y un mínimo de dos meses por un año cotizado. Son condiciones inferiores al resto de trabajadores y el porcentaje de cotización también es superior, por lo que las organizaciones del sector se han opuesto inicialmente a la medida. El problema no obstante en este momento está no en los que en el futuro se queden en el paro, sino en los que ya se han quedado, que en León son una media de cinco al día durante los últimos seis meses. La solución, como para el resto de personas que carecen de trabajo y de cualquier tipo de ingresos, que son varios cientos de miles en España, pasa por la denominada Renta Básica de Ciudadanía, que han comprometido todos los partidos políticos en las distintas administraciones y también los sindicatos, pero que hasta el momento no se ha materializado. La actual crisis, no puede ser pagada por los sectores más desprotegidos de la sociedad y a estas alturas del siglo XXI el Estado debe garantizar esa raquítica renta mínima de 420 euros a todo el que no tenga ingresos.
