En junio pasado se conoció el Barómetro Global de la Corrupción en 2009 realizado por Transparencia Internacional. En todos sus apartados –instituciones, empresas, medios de comunicación, función pública y poder judicial–, la puntuación obtenida en España es peor que en anteriores barómetros, hasta el punto de situar a nuestro país a la cola de los miembros de la Ocde, por debajo de otros países considerados paraísos fiscales. Los “indicadores de buen gobierno” nos sitúan sólo por delante de Italia, Grecia o Chipre. De nuevo la cultura mediterránea destaca en los seculares vicios de rapacería, nepotismo, corruptelas y mafias.
La corrupción destruye los cimientos básicos de la democracia, la transparencia, la igualdad ante la ley y la primacía del mérito por encima de padrinazgo. Afganistán, Pakistán, Colombia o la actual República de México son considerados por los organismos de la ONU como Estados ‘fallidos’, y son el ejemplo de cuál es el destino que espera a todo país vencido por la violencia y el cohecho.
El desarrollo económico basado en la especulación del suelo urbanizable no sólo no ha hecho de España un país desarrollado y rico, sino que ha destruido la imagen de instituciones democráticas representativas de la importancia de los ayuntamientos, actores necesarios para la permisividad de los actos de pura rapiña que el sector del ladrillo ha realizado con absoluta impunidad. A ello se añade un poder judicial en cuyo papel independiente no cree ningún ciudadano, y cuyas manifestaciones ideológicas son cada día más abiertas y prepotentes.
En este marco, España tiene una banca que abusa claramente de sus clientes, unas empresas de telefonía concertadas para mantener el mercado nacional con precios muy superiores a la media de la Unión Monetaria, una circulación de capitales en negro que todo el mundo exterior denuncia desde hace años, sin que aquí se haga nada por perseguirlos. Un fraude fiscal galopante, una economía sumergida por encima del 30% del PIB, una inspección de Hacienda dedicada a vigilar las declaraciones del IRPF de los jubilados, mientras profesionales autónomos como dentistas, abogados, notarios etc, declaran ingresos inferiores a los de un trabajador manual. Las carreteras están llenas de coches de lujo, y las grandes mansiones proliferan en áreas protegidas, pero el número de millonarios (los que poseen más de un millón de dólares) es insignificante. Corrupción y destrucción de los derechos y libertades.
