Antón reclama una ley para los problemas con los menores

L.C. / Madrid
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, exigió una normativa nacional, básica y común para abordar los trastornos de conducta y riesgo de exclusión social que sufren los menores, una situación que aumenta año a año en la comunidad y en el conjunto del país. “Es algo que comparte el Defensor del Pueblo, hace falta una Ley para tener un marco normativo que sirva para atender estas nuevas situaciones, que sirva para garantizar los derechos de los menores, pero también para dotar a los profesionales y administraciones de las herramientas para poder actuar”, destacó.
Antón impartió la conferencia ‘Las políticas públicas sobre menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social’, en el marco de un curso de verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Defensor del Pueblo. En su intervención, destacó, además de la necesidad de este marco normativo, otros dos aspectos; uno, la necesidad de actuar y de contar con dispositivos necesarios, y, dos, abrir un debate social para analizar por qué estas situaciones están aumentando día a día. “Cuando se agota el nivel educativo, social y el familiar, se pide a los servicios sociales que se hagan cargo de estos menores porque las situaciones llegar a ser insoportables”, sobre éste aspecto, continuó, hay que reflexionar y actuar.
Por lo que respecta a la ley, indicó que entre el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor no existe contenido para atender estas situaciones, ya que son posteriores. “Por eso, debemos crear nuevos instrumentos para proteger los derechos de los menores y para llenar el vacío de cómo deben actuar los profesionales, con qué seguridad jurídica, cómo deben intervenir los poderes públicos. Es preciso, insisto, un marco nuevo que dé respuesta y seguridad a estas situaciones”, concluyó.
Antón explicó que Castilla y León es una autonomía que cuenta con recursos y que está sabiendo adaptarse a esta necesidad como, dijo, ha puesto de manifiesto en alguna ocasión el Defensor del Pueblo. Así, explicó que desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se están impulsando programas de intervención educativa, familiar, como medida de prevención; hay una unidad de socialización, etc. “Se ha marcado un camino, en el que tenemos que avanzar”, insistió.
En estos momentos, en Castilla y León hay 90 centros para atender las necesidades de estos menores, con 1.300 plazas, que llegan con problemas muy variados, desde trastornos psiquiátricos, de inadaptación, familiares, de socialización… “Son problemáticas complicadas, por eso tenemos que dotarnos de recursos y estrategias”. De los 856 menores que ingresaron en 2008 en el sistema de reforma de la Comunidad en 2008, 109 fueron evaluados y diagnosticados con cuadros de este tipo.