Cuando hace unos años se acuñó en Italia el término ‘mileurista’ para definir a los trabajadores, generalmente jóvenes, con primeros empleos o precarios en el sector servicios, que cobraban menos de mil euros al mes, en España ya nos quejábamos de que a los ‘mileuristas’ deberíamos llamarlos ‘seiscientoeuristas’, porque esa era la cantidad media que recibían este tipo de trabajadores. Ahora se han hecho públicos en la España de la crisis los datos oficiales sobre los sueldos; y la realidad resulta tan deprimente como la propia depresión económica. Los datos de León, son elocuentes: 150.000 asalariados y autónomos cobran por debajo de los 1.100 euros al mes, más del 70% de los trabajadores totales. En este contexto es donde hay que enmarcar muchos de los asuntos económicos que en este momento están en discusión. El primero es el sueldo de 420 euros para todos los parados sin recursos que hayan perdido la prestación por desempleo. El Gobierno se equivocó al plantear la medida sólo desde el 1 de agosto. Debe ampliarse a todo el colectivo que cumpla los requisitos sin fecha, ya que esto es lo que más se aproxima a la renta de ciudadanía mínima que todos los partidos han prometido pero hasta ahora no han cumplido. A nivel macroeconómico la medida es altamente beneficiosa, no sólo porque anula casi por completo el estallido social, sino porque garantiza el consumo de artículos básicos, por los que debe comenzar la recuperación económica. En segundo lugar, hay que contemplar desde el prisma ‘mileurista’ el diálogo social. Por una parte, los empresarios no pueden llegar a la mesa de negociación pidiendo rebajas de impuestos, abaratamiento del despido y congelación salarial, mientras los directivos de la banca y de las grandes empresas siguen cobrando sueldos escandalosos y aumentos salariales de dos cifras. Por otra parte, los sindicatos no pueden hablar de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores cuando hay inflación de un 1,5% y, sobre todo, no pueden negarse en redondo a la congelación del sueldo de los funcionarios, cuando el pasado año se les subió más de un 3%, mientras que en la empresa privada hubo congelación y subidas en torno al 1%, por no hablar de que están blindados contra el despido. Si se sientan con estas premisas resueltas ¿por qué no se va a poder hablar de reducir en los contratos indefinidos del futuro los días de indemnización? El diálogo social es imprescindible, pero debe comenzar por la autocrítica de sus protagonistas.
