Resulta inexplicable cómo Zapatero ha podido convertir la mejor medida que su Gobierno podía tomar contra la crisis económica en una auténtica chapuza. Estamos hablando del salario social de 420 euros para todos los parados que hayan perdido el seguro de desempleo y carezcan de otros recursos económicos para sobrevivir; y más incomprensible resulta al tratarse de una medida anunciada teóricamente desde el momento en que reconoció la magnitud de la crisis económica y desde el momento en el que su estrategia política de supervivencia electoral quedó clara con un giro radical hacia la izquierda social.
Zapatero no reconoció la crisis económica antes de las elecciones porque, si lo hubiera hecho, las habría perdido y tampoco lo hizo tras ganar, porque implicaría reconocer que había mentido. La consecuencia fue que se perdió un tiempo precioso para planificar una salida de la crisis a largo plazo, partiendo de la hipótesis peor posible y fácil de prever teniendo en cuenta que España tenía entre manos la mayor burbuja especulativa inmobiliaria a nivel mundial, algo claro para todo el que quisiera verlo. El cambio de modelo económico escenificado con la salida de Solbes de Economía se hizo demasiado tarde y el tiempo perdido obligó a la improvisación, la crítica más justificada que puede hacerse a este Gobierno. Llegados a este punto, a principios de este año, con la crisis financiera internacional en su momento álgido amenazando con barrer el sistema financiero conocido hasta entonces, es cuando Zapatero asume su verdadero papel de líder nacional y comienza a enfocar la crisis en su verdadera dimensión. Busca y consigue reconocimiento internacional, sobre todo en Europa y ante Obama, al que imita sin complejos. Asume que es imposible articular una política nacional independiente contra la crisis y que debe apoyar al sistema financiero nacional que en ese momento ya ha decidido dejar hundir al sector de la construcción, que había sido el motor del crecimiento espectacular de la última década, imitando a la que habían hecho todos los gobiernos a nivel mundial, de izquierdas y de derechas, y decide aplicar, como todos, a rajatabla, las teorías keinesianas de aumentar el déficit público hasta el límite que haga falta para sostener la inversión y el consumo, a la vez que se asume un elevado índice de paro y un aumento de los impuestos.
Electoralmente la estrategia estaba clara. Había que escenificar la ruptura y el distanciamiento con la derecha, identificada a regañadientes con la política neoliberal causante del desastre económico, y proteger a la creciente clase social más desfavorecida, con medidas como la de los 420 euros, también diseñar una estrategia de libro a largo plazo para el cambio de modelo económico, basada en la productividad, la tecnología y la educación, que debería materializarse en la llamada Ley de Economía Sostenible.
El problema estaba en que el Gobierno de Zapatero no cuenta con mayoría absoluta, como muchos otros gobiernos mundiales. No obstante, salvó el escollo antes del verano gracias a la generosidad con dinero público en la financiación autonómica y a romper el diálogo social en beneficio de los sindicatos, oponiéndose de plano a una reforma laboral.
Anulado el peligro de estallido social, queda subir los impuestos y ahorrar en gasto público sin que las inversiones públicas se resientan demasiado, esperando que Estados Unidos y Europa salgan de la crisis financiera y los bancos abran el grifo a las empresas y, poco a poco, comience a crearse empleo, con la vista puesta en la recuperación a remolque de la economía internacional.
El diseño puede funcionar si se confirma la recuperación iniciada en EEUU, Alemania y Francia, pero la estrategia se le puede ir al traste a Zapatero si deja que su política la marquen los sindicatos, cediendo por ejemplo en la congelación salarial de los funcionarios o siendo incapaz de reducir los gastos públicos en el Presupuesto, o cediendo a intereses partidistas de Comunidades autónomas y Ayuntamientos. Hoy, en Rodiezmo, deberá demostrar ante la UGT, con el marrón añadido del carbón, que tiene un plan contra la crisis y que es capaz de imponerlo a su partido, a los sindicatos y a sus nuevos socios de la izquierda. El PP le va a despejar en Sevilla el 27 de septiembre el nuevo espacio electoral con una oposición radical a los impuestos.
