L.C. / León
Los agricultores de Castilla y León (UCCL) dejarán de percibir más de 8,6 millones de euros como consecuencia de la superación de las superficies bases nacionales de secano y regadío, circunstancia que contribuirá a complicar la ya “delicada” situación que vive este sector con una importante caída de la producción y unos precios en origen bajos.
Según los datos recabados por UCCL en base a las cifras ofrecidas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a 23 de julio de 2009, los agricultores de la región dejarán de ingresar ese importe una vez que se apliquen los coeficientes de ajuste a las superficies declaradas de las solicitudes únicas de la PAC de 2009, que serán del 7,5 y 4 por ciento para secano y regadío, respectivamente.
La aplicación de las citadas reducciones –faltaría por conocerse la que se pudiese aplicar por superación del límite financiero– supone que aproximadamente 198.203 hectáreas de secano y 14.694 de regadío se quedarán este año sin recibir ayuda acoplada de la Política Agraria Común.
Estos datos surgen al comprobar como la superficie base nacional establecida para España desde la Unión Europea es para el secano de 7,25 millones de hectáreas, mientras que se han declarado algo más de ocho millones en el conjunto nacional, lo que supone una superación de más de 750.000 hectáreas. En el caso del regadío, elexcedente alcanza casi las 17.000 hectáreas, si se tiene en cuenta que las incluidas en las distintas solicitudes únicas de las Política Agraria Común ascienden a 1,33 millones de hectáreas frente a las 1,31 que están establecidas como superficie base nacional.
Esta reducción de ingresos acentuará la mala campaña con una producción muy baja (el 40 por ciento de un año normal), que hace que muchos agricultores no hayan cosechado sus parcelas por culpa de una “desmedida” subida de los principales factores de producción de las explotaciones, especialmente los abonos y el gasóleo agrícola.
Por último, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) recordó que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino tiene que hacer público antes del próximo 15 de noviembre a la Unión Europea el coeficiente reductor establecido.
