Las actuales competencias municipales en materia de Educación pueden provocar un grave problema futuro. Actualmente, los ayuntamientos son los encargados del mantenimiento de los centros escolares. Como muchos responsables municipales afirman, ‘somos el servicio de limpieza, el de mantenimiento y el de ordenanzas, sin ninguna competencia efectiva ’. El grave caso de Villablino saca a debate este espinoso asunto de las competencias municipales. En Sanidad no ocurre lo mismo y, como servicio público, sería el más comparable. Educación, en este caso la Junta, decide todo sobre materia educativa y de personal, decide todo sobre número de centros y sobre su construcción, pero luego no los mantiene. La competencia municipal en esta materia viene de lejos y, si hasta hoy se ha considerado básica, bien podría considerarse en el futuro impropia, como son muchas otras que han ido adquiriendo los gobiernos municipales en años de bonanza por simple rentabilidad electoral. La financiación municipal es uno de los grandes problemas no resueltos en la España democrática. Es la administración más defendida por los políticos, pero a la vez más abandonada. España necesita una reforma administrativa de competencias, debido sobre todo al creciente poder conseguido durante estos años por las comunidades autónomas, que ha distorsionado el poder central y el local. La actual crisis económica va a dejar el próximo año a la mayoría de los ayuntamientos españoles con grande déficits, cuando no en situación de bancarrota. Es pues el momento de abordar esta financiación para que la administración más cercana al ciudadano no se vea colapsada. La planificación urbanística y su mantenimiento, la limpieza y recogida de basura, la iluminación y el agua entrarían dentro de los servicios absolutamente básicos, pero los ayuntamientos tienen hoy por voluntad propia amplias competencias en servicios sociales, cultura, educación, mujer, juventud, deportes y ocio, que acaparan gran parte del presupuesto y han incrementado excesivamente el número de funcionarios. La caída radical de impuestos por la crisis inmobiliaria obligará a reducir o suprimir muchos de estos servicios por la vía de los hechos, o llevará a la ruina a muchos ayuntamientos. Asumir hoy más competencias impropias, como propuso León con la educación, sería un suicidio. La Junta tiene la responsabilidad de abrir este debate de financiación, porque las competencias impropias municipales se hicieron en ausencia de las suyas.
