ICAL / Valladolid
El secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, insistió hoy en que su sindicato apuesta por la fusión de las seis cajas de ahorro de la Comunidad, con el mantenimientos de la totalidad del empleo de las entidades de la región, algo que consideró “perfectamente compatible”, para recordar el “fracaso” del documento de “integración” impulsado por PP y PSOE, tras la “oposición frontal” que mantuvo la central.
Prieto expresó que su organización “no ve mal” que el proceso de fusión global se inicie con Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos, aunque incidió en que el reto debe ser integrar las seis, sin renunciar a fórmulas que permitan la adhesión al proceso de las rurales. El dirigente sindical indicó que el empleo es “vital” y advirtió de que no van a permitir que los 8.500 empleados de estas entidades en toda España (7.000 en la Comunidad, con 3.200 para Caja España, 2.700 para Caja Duero y 1.100 para Caja de Burgos), paguen con sus puestos o sus condiciones el nacimiento” de la nueva entidad.
Agustín Prieto también defendió el mantenimiento de la naturaleza jurídica de las cajas, contra cualquier proceso de privatización, y reiteró sus objeciones a las fórmulas de integración, sobre todo el denominado Sistema Integrado de Protección (SIP) reforzado, emanado desde las fuerzas políticas de la región. Prieto también demandó que el proceso de fusión esté tutelado “siempre” por el Banco de España, para asegurar que se tramita “con rigor”, y afirmó que “sólo ahora”, tras las recomendaciones de la autoridad monetaria, “se empieza a oír alguna voz en la Junta y en las entidades que habla de fusión”, con lo que van hacia los términos que “siempre defendió UGT”, sentenció.
Protocolo laboral
El líder ugetista centró su alocución en la defensa de los derechos de los trabajadores de las cajas, para exigir que las entidades no consideren ninguna propuesta de las auditorias encargadas del proceso, si no se acompañan de protocolos laborales previos. Al respecto, pidió a los consejos de administración de Caja de España y Caja de Burgos que se pronuncien en ese sentido, tal y como ya lo hizo el de Caja Duero en defensa de sus trabajadores.
Prieto aclaró que los protocolos deberán garantizar el mantenimiento del empleo, la equiparación de las condiciones laborales de todos los trabajadores y la valoración del coste económico del proceso, y tendrán que ser suscritos con las secciones sindicales de la cajas.
“Necesitamos una caja fuerte, de referencia, estable, con capacidad de inversión en Castilla y León y una Obra Social potente”, dijo, para agregar que la mejor garantía tanto para los impositores como para los empleados es contar con esa entidad, que “debe ir más allá de la mera suma de las tres cajas”, dijo. “Este mes va a ser clave en este proceso”, resumió.
Prieto también lanzó un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de las cajas de Castilla y León, que están “resistiendo” la “tremenda crisis” que está sufriendo el sector financiero, que ya “se ha llevado por delante” a alguna en España y está impulsando procesos de fusión. Esta buena situación de las entidades de la región la justificó en que la cercanía de las cajas se traduce en “altas dosis de confianza de los impositores”.
Ley de cajas
Por otra parte, se refirió a la reforma de la Ley de Cajas de Castilla y León, que debe aprovecharse para ir “más allá” y “regularizar” todo el sistema financiero regional. Añadió que la modificación del texto normativo no debe sufrir ningún retraso más y debe estar en las Cortes regionales antes de que finalice el año. Prieto también reclamó la celebración de las elecciones de las cajas al grupo de impositores, con independencia del proceso, ya que, a su juicio, se están vulnerando sus derechos, tras haberse retrasado ya en tres ocasiones.
Agustín Prieto explicó que la nueva Ley de Cajas deberá consolidar la naturaleza jurídica de estas entidades, definir un nuevo modelo de obra social, más acorde con las necesidades de Castilla y León, y modificar los órganos de gobierno, con la presencia de los agentes económicos y sociales, tal y como prometió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
El secretario de UGT rechazó los criterios de profesionalización de los representantes elegidos, porque su introducción “vulnera”, a su juicio, la democracia, y se decantó por hablar de las incompatibilidades, que “deben ser mucho más fuertes”, dijo, ya que”no se pueden sentar en los órganos de gobierno personas con grandes intereses en las cajas”.
