ICAL / Valladolid
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dijo hoy que la lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales objetivos tanto de la Administración central como de la regional porque se trata de “una lacra” que hace “desiguales a las personas con igual capacidad contributiva”.
Así lo explicó esta mañana durante la inauguración en Valladolid del XIX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado –que se alargará dos jornadas- en el que puso de manifiesto que hay que poner en marcha todas las medidas necesarias para “erradicar” el fraude fiscal y, en esta dirección, explicó, trabajan todos los funcionarios del Cuerpo de Inspectores. De hecho, la titular regional de Hacienda subrayó que este trabajo cobra mayor importancia ahora con la subida de impuestos ya que habrá ciudadanos que intenten no contribuir a ese incremento en detrimento de los demás.
En este sentido, José María Peláez Martos, de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, abogó por un plan especial de actuación contra el fraude fiscal como una herramienta más para salir de la crisis. En su opinión, la puesta en marcha de medidas “contundentes” podría conseguir que se “redujera el déficit de forma sustancial”.
El documento que presentó hoy la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado señala que además de la reducción del gasto público o la subida de impuestos, sería necesario que la Administración pusiera todo su empeño en que paguen sus impuestos aquellos que hasta ahora no lo hacen, lo que supondría un “impacto recaudatorio muy superior a la de cualquier subida de impuestos”.
Más de 70.000 millones
Al respecto, apuntó que el fraude podría oscilar en España entre el 20 y el 25 por ciento del PIB, lo que representa el doble de la cifra estimada en la Unión Europea. En función de estos datos y de que la presión fiscal media es del 30 por ciento, el importe de las cuotas no ingresadas podría superar cada año los 70.000 millones de euros, tal y como precisó Peláez.
Este colectivo considera fundamental como primer requisito “indispensable” para combatir “de verdad” el fraude un cambio radical en la actitud del Gobierno y una voluntad decidida de acabar con él.
Medidas concretas
Además, la organización pone sobre la mesa lo que considera “reivindicaciones históricas” como la policía fiscal y la reforma de la figura de delito fiscal, aunque subraya como lo más importante que se dote de más medios humanos y materiales a la Agencia Tributaria y a los tribunales económicos.
En concreto, el plan de los inspectores apunta la necesidad de que en los próximos años se incorpore a 600 nuevos inspectores, 3.000 técnicos, 1.000 agentes tributarios y otros tantos administrativos.
También, precisan que se debe incluir entre las medidas el acortamiento de los plazos para la recuperación de la deuda, el incremento de los recursos y medios humanos y materiales destinados a este fin para poder atender las mayores deudas resultantes de las actuaciones propuestas en esta iniciativa.
Es más, en el documento hace especial hincapié en que sus propuestas ya en los últimos años van encaminadas a la necesidad de cambiar los objetivos de la inspección para potenciar la investigación en detrimento de las actuaciones de mera comprobación; modificar sustancialmente el baremo que mide las actuaciones de la inspección y su sistema de productividad, basado en el número de actuaciones, y acometer las reformas organizativas necesarias.
Las SICAV
Por último, la Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda sostiene que la situación de la Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) constituye “la única excepción en la historia de la democracia” en España en la que Hacienda no ha podido regularizar la situación fiscal de “unos contribuyentes que han incumplido de forma reiterada la ley”, lo que provoca una “gran desmoralización en los contribuyentes honestos, al comprobar que “hay diferentes varas de medir”.
“Cuando se están subiendo los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan, resulta inadmisible la situación de ausencia de control fiscal de las SICAV”, precisan estos inspectores, para quienes esta situación “es uno de los elementos clave de la falta de concienciación fiscal en España”.
