ICAL / Valladolid
El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha remitido sendas resoluciones a las Consejerías de Sanidad y Educación de la Junta para instar a las autoridades competentes a la adopción de una serie de medidas que favorezcan la integración de las personas inmigrantes de la Comunidad.
Los ámbitos en los que se solicita la actuación están relacionados con los principales obstáculos que se encuentra la población inmigrante, como la concesión de la tarjeta sanitaria, la ausencia de un protocolo específico para los menores de edad, el absentismo escolar o la inadecuación de los programas escolares a los problemas del alumnado inmigrante, entre otros.
En materia sanitaria, el Procurador del Común resolvió regular el procedimiento de concesión de la tarjeta sanitaria individual, así como los trámites del derecho a la asistencia sanitaria a aquellas personas sin recursos económicos suficientes incluyendo, si se estima necesario, previsiones específicas relacionadas con el acceso a la protección sanitaria de las personas de nacionalidad extranjera. Igualmente se resolvió garantizar la unidad de criterios en la tramitación y proporcionar a los inmigrantes información clara sencilla acerca de las vías para la solicitud de la tarjeta y de los requisitos necesarios para obtenerla.
En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, el Procurador instó a facilitar a los extranjeros sin identificación o con dificultades para empadronarse la solicitud al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, y adoptar las medidas oportunas para conocer el número de asistencias en urgencias a personas de nacionalidad extranjera. También se resolvió la actualización de la guía de atención sanitaria al inmigrante que se elaboró en 2004, difundir documentos específicamente dirigidos a los inmigrantes informando de sus derechos a la atención sanitaria o diseñar un programa general de formación específica para el personal sanitario, en el que se incluyan también las actuaciones formativas dirigidas a seguir mejorando la atención a los inmigrantes.
En lo que a los menores y a la mujer se refiere, el Procurador resolvió prestar una especial asistencia sanitaria de los menores extranjeros incorporando previsiones específicas dirigidas a estos en programas y servicios sanitarios destinados a los menores de edad, apoyar de manera específica la implantación de los programas de educación sexual y planificación familiar y de detección del cáncer de cuello de útero en los grupos de población inmigrante.
Resolución en materia educativa
También en materia educativa intervino el Procurador del Común con el mismo fin, el de minimizar los principales obstáculos que se encuentra la población inmigrante residente en Castilla y León en esta materia y para garantizar el derecho a la educación de los extranjeros menores de 18 año que viven en la Comunidad en las mismas condiciones que a los españoles, según recoge el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero.
Tras las problemáticas concretas presentadas, el Procurador resolvió instar a la Consejería de Educación a valorar el diseño y aplicación de un nuevo Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías Culturales, así como identificar la posible existencia de necesidades educativas que afecten a grupos de menores extranjeros por su procedencia geográfica o su identidad cultural. También demandó el cumplimiento por parte de todos los centros docentes, de la normativa reguladora de la admisión del alumnado.
Por otro lado se instó a incrementar, en el caso de que fuera necesario, el número de aulas de adaptación lingüística y social existentes y generalizar el establecimiento de proyectos de adaptación inicial, al tiempo que a reforzar la participación de las familias del alumnado inmigrante en el proceso de adaptación e integración de los menores a los centros educativos. Por otro lado, en cuanto al absentismo escolar, el Procurador propuso la realización de un seguimiento específico de la manera en la que afecta este problema al alumnado inmigrante para adaptar las medidas de intervención a estos posibles casos.
Por último, en relación con la educación no obligatoria, el Procurador instó a garantizar que ningún extranjero menor de edad se vea excluido de la educación no obligatoria por motivos relacionados con su situación administrativa, y promover el incremento de la tasa de incorporación de jóvenes extranjeros a niveles educativos no obligatorios aplicando medidas específicas a este fin.
Solicitud de las asociaciones inmigrantes
Estas resoluciones son fruto de la actuación de oficio abierta por el Procurador del Común tras el encuentro mantenido en octubre de 2008 con un total de 14 asociaciones y entidades representativas de los intereses de la población inmigrante de la Comunidad, quienes pusieron en conocimiento los principales obstáculos que dificultan la integración de las personas extranjeras en Castilla y León.
Tras el estudio de la información remitida por la administración autonómica en materia sanitaria y educativa, el Procurador del Común formuló ambas resoluciones atendiendo al Plan Integral de Inmigración de Castilla y León 2005/2009 y al artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el que se recoge la extensión de los derechos reconocidos en el texto a los extranjeros con vecindad administrativa en la Comunidad, así como la obligación a desarrollar políticas públicas dirigidas a promover la integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad castellano y leonesa.
El Procurador del Común tuvo también en cuenta los datos en cuanto a población inmigrante y reconoció la relevancia cuantitativa de este colectivo en la sociedad de la Comunidad, pese a que se encuentra aún lejos de la media nacional, que es del 12 por ciento. En Castilla y León la población inmigrante empadronada a 1 de enero de este año era de 166.032 personas, es decir, un 6,49 por ciento del total, mientras que en 2002 el número de población inmigrante empadronada en algún municipio de la Comunidad era de 42.640 personas, un 1,72 por ciento de la población, según datos del INE.
