Sólo 30 de los 782 previstos para 2009 habían pasado la ITE en junio
L.C. / León
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de León ha dado el primer visto bueno al listado de edificios que el año que viene deberán pasar la Inspección Técnica de la Edificación (ITE). Son un total de 683 edificaciones de más de 40 años de antigüedad que serán sometidas a un examen para comprobar su estado de seguridad constructiva, su conservación y funcionamiento cualquiera que sea su destino. El padrón de 2010 entrará en vigor a finales de este año, ya que todavía tiene que pasar por el periodo de información pública para que quien no esté de acuerdo pueda alegar.
Mayor seguridad
La ITE busca sobre todo la seguridad, estabilidad y consolidación de las estructuras de los edificios. Por este motivo, las revisiones inciden en la cimentación, las vigas, los forjados, también en las chimeneas, barandillas, cornisas para evitar caídas en la vía pública.
Otro de los apartados importantes es el análisis del estado de las redes generales de fontanería, gas y electricidad. Para realizar las inspecciones, el Ayuntamiento de León ha establecido convenios con los colegios de arquitectos, que ponen a disposición de los propietarios afectados un listado de profesionales independientes y que están capacitados para realizar estas revisiones urbanísticas.
El del año 2010 será el segundo padrón de edificios de más de 40 años que registra el Ayuntamiento de León. En los censos están incluidas las construcciones protegidas, además de las incluidas en el Plan Espacial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua, en el Plan Especial del Conjunto Urbano de la Ciudad de León y en el Plan Especial de San Juan y San Pedro de Renueva.
En el padrón de edificios previsto para el año 2009 estaba prevista la revisión de 782 construcciones de más de 40 años. Hasta el mes de junio, sólo 30 habían pasado la ITE, lo que representa un 4% del total. De estos 30, el 90% recibió un informe favorable por parte de los técnicos.
En caso de que no se cumpla la revisión por desconocimiento o por falta de recursos, la ordenanza reguladora prevé sanciones y la adopción de medidas como que el Ayuntamiento podría realizar la inspección y pasar el coste (en torno a 60 euros) a la comunidad de propietarios o a la institución responsable del edificio.