Prada pide a la Junta que modifique su división de la provincia en tres áreas
Zapatero cuando visitó Hospital de Órbigo en septiembre de 2004.
David Rubio / León
La responsable del área de Desarrollo Rural y Demografía de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista de León, Nancy Prada, ofreció ayer una rueda de prensa en la que denunció la escasa colaboración que el Gobierno central está encontrando en la Junta de Castilla y León en lo que a la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Rural se refiere.
Se trata de una ley de la que José Luis Rodríguez Zapatero habló por vez primera con motivo de su visita a Hospital de Órbigo a finales del verano de 2004, con motivo de la fiesta campesina organizada por el sindicato agrario Ugal-UPA. “Es una promesa cumplida porque se aprobó en diciembre de 2007, y con un presupuesto de 8 millones de euros para la comunidad autónoma de Castilla y León, a los que se debían añadir otros ocho de la Junta, pero no lo incluyeron en los presupuestos de 2009 y dudo mucho que lo hayan hecho en los de 2010”, aseguró ayer durante la rueda de prensa ofrecida en la sede provincial del partido Nancy Prada.
Prada, que estuvo acompañada durante la comparecencia ante los medios por Mariló Maroto, presidenta de la mancomunidad de la Cepeda, se reunirá mañana miércoles con el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández para pedirle que la institución autonómica modifique su actual división de la provincia en materia de desarrollo rural, ya que tan sólo contempla tres divisiones: norte, sureste y suroeste, “con lo que se excluye del escenario de actuación de la ley comarcas como la Cepeda, donde se pierde población pero se tienen grandes criterios de fuerzas”, afirmó ayer Nancy Prada.
“Esta ley tiene que llegar a todos los municipios y lo que ha hecho la Junta es excluir a la Cepeda y a otras comarcas de la propuesta de aplicación cuando, agotados los plazos, presentó su mapa de priorización”. Para la responsable provincial de los socialistas de la Ley de Desarrollo Rural, “la dinamización del mundo rural y la lucha contra la despoblación no tienen nada que ver con los colores políticos, ya que han sido históricamente algunas de las políticas que han compartido todos los partidos, y por eso vamos a llevar nuestras alegaciones a Valladolid, y no sólo las nuestras sino que también lo harán otras iniciativas como por ejemplo los ayuntamientos de Fabero o Gradefes, que ya han anunciado que van a alegar contra esta propuesta de la Junta”, sostuvo Prada, para quien “lo que está empezando ahora mismo es una carrera de fondo que nos tiene que llevar a alcanzar los 400 millones de euros de inversión en Castilla y León y que la ley se cumpla en todos sus términos”.